El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo régimen de retiro voluntario destinado a trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada, como parte del proceso de reorganización del Estado.
La medida fue establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanzará al personal de planta permanente y a quienes tengan contratos laborales por tiempo indeterminado. La inscripción estará abierta entre el 1 y el 30 de noviembre, con posibilidad de una única prórroga de hasta 30 días.
Según informó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, alrededor de 20 mil empleados públicos estarían en condiciones de adherir al esquema.
El régimen no alcanza a todos los organismos del Estado. Quedan afuera, entre otros, sectores de las Fuerzas Armadas y de seguridad, el Servicio Exterior, áreas de inteligencia y organismos descentralizados como ANSES, que ya tuvo su propio programa de retiros.
Cuánto podrán cobrar
El esquema divide a los trabajadores en distintos grupos de acuerdo con la edad y la situación previsional.
Las mujeres desde los 58 años y los hombres desde los 63 que no cuenten con los aportes necesarios para jubilarse podrán optar entre una suma única o percibir el 60% del salario bruto mensual durante un máximo de 36 meses.
Para quienes estén próximos a la edad jubilatoria y tengan al menos 30 años de aportes, la compensación contemplará un salario por cada año de antigüedad, dentro de los topes establecidos, más remuneraciones adicionales.
En el caso de los trabajadores más jóvenes, la compensación podrá alcanzar hasta 20 salarios, además de adicionales según los años de servicio. infobae
Ocho años sin poder regresar al Estado
La adhesión al retiro implica el cese definitivo de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario correspondiente. El decreto establece además que quienes acepten el beneficio no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años. Boletín Oficial
No todos los pedidos serán aceptados automáticamente. Cada jurisdicción podrá rechazar la solicitud si considera que la salida del trabajador afecta el normal funcionamiento de un servicio. Tendrá 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolver y, si no existe una aceptación expresa, el pedido se considerará rechazado.
También quedan excluidos quienes tengan determinados procesos penales o sumarios administrativos graves pendientes, aquellos que se encuentren en situación de disponibilidad o quienes ya hayan presentado una renuncia aún no aceptada.
El decreto establece además que los gastos derivados de las compensaciones serán afrontados con los presupuestos de cada una de las jurisdicciones alcanzadas por el programa. Boletín Oficial
Para portada usaría: “Retiro voluntario: el Gobierno ofrece hasta 20 sueldos a empleados estatales”.