Eduardo Enrique Massera es el hijo mayor de Emilio Eduardo Massera, comandante de la Armada durante los años más duros de la dictadura. Para la justicia argentina, sobre Massera hijo pesa una sospecha: haber sido parte de la asociación ilícita que se apropió de los bienes de quienes eran secuestrados y desaparecían en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Para las próximas semanas, Massera Jr. tenía planes: viajar por España, Italia y Francia. No decía ni cuándo iba a salir ni cuándo iba a volver.
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 rechazó la pretensión del retoño del genocida y dio un paso más: puso fecha para que se siente en el banquillo. El juicio por la rapiña de los represores de la ESMA y sus secuaces comenzará el 23 de septiembre.
Días atrás, la defensa de Massera hijo presentó un pedido para que el imputado hiciera el que podría ser su “último viaje” con su esposa por “ciertos territorios del continente europeo”. Tenía previsto arrancar su itinerario por Madrid, seguir por el sur de Francia y terminar por Italia.
En ningún momento, el defensor explicaba ni cuándo saldría ni cuándo regresaría. Mucho menos informaba dónde se hospedaría. Todo, decía, quedaba supeditado a la autorización del TOF. Si le daban el OK, sacaría los pasajes e iría informando.
Eso sí: el abogado apelaba a la compasión de los jueces al explicar que Massera hijo tenía una enfermedad que podría evolucionar negativamente. Como dato, figuraba que el hijo del represor no iba a costear el viaje, sino que lo haría su pareja.
El fiscal Félix Crous se opuso al viajecito de Massera. Recordó que sobre él pesaba una prohibición de salida del país y que, además, no daba detalles esenciales. Por otro lado, les dijo a los integrantes del TOF 5 que deberían actualizar el embargo que pesa sobre sus bienes, ya que quedó bastante desactualizado para alguien que está planeando pasar un mes en Europa: 500 mil pesos.
Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, integrantes del TOF 5, coincidieron con el representante del Ministerio Público. Sobre el estado de salud de Massera Jr., señalaron que no contaban con la opinión de peritos especialistas, ya que la única información que hay en la causa es un certificado de una médica particular. Concordaban con Crous que si su estado de salud era tan delicado, quizá un viaje fuera contraproducente.
Massera hijo tiene 75 años. Cumplirá 76 el mes próximo. Antes, deberá sentarse en el banquillo de los acusados. El TOF 5 convocó a una audiencia preliminar para iniciar el juicio por el robo de bienes en la ESMA, que tendrá lugar el miércoles próximo. El inicio del proceso está previsto para una semana después: el 23 de septiembre.
CON OTROS “CELEBRES”
En el banquillo estarán célebres integrantes del grupo de tareas de la ESMA: Jorge Eduardo Acosta, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Jorge Carlos Rádice, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González y Juan Antonio Azic, según pudo saber Página/12 de fuentes judiciales. Todos, con excepción de Rolón y Azic –que están en sus casas–, están presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Azic fue denunciado días atrás por haber inventado un concubinato para seguir cobrando el retiro pese a que la Prefectura dispuso su baja.
A diferencia de sus consortes de causa, Massera hijo no era parte del plantel estable del campo de concentración que funcionaba en Avenida del Libertador al 8100. Pero, para la justicia, él integró la asociación ilícita que secuestraba y desapoderaba de sus bienes a sus víctimas desde 1977.
Algunos sobrevivientes de la ESMA recuerdan haberlo visto en el campo de concentración. Alfredo Buzzalino lo situó en el sector por donde solía moverse Jorge Acosta. Juan Gasparini, por el contrario, recordó haberlo visto en el sótano –donde estaban las salas de tortura– o en la capucha –donde hacinaban a los secuestrados–. “Lo vi en una oportunidad y desconozco el motivo de la visita –declaró Gasparini–, aunque el comentario era que él venía por cuestiones relacionadas a la administración y el financiamiento de ese campo de concentración”.
Marta Álvarez lo vio muchas más veces en Besares 2025. Era una propiedad robada que era usada como sede Chroma SA, una productora de contenidos audiovisuales que habían montado los represores de la ESMA y que hacían funcionar con mano de obra esclava. “Todo el tema legal de este negocio fue manejado por el hijo de Massera llamado Eduardo”, declaró la sobreviviente ante la justicia.
Massera Jr. solía ir a Chroma acompañado por otro abogado, Rafael Ayerza, coinciden dos testimonios. En ocasiones, Marta Álvarez debía ir hasta Cerrito 1136, donde Massera padre había montado sus oficinas cuando se retiró de la Armada y mientras alimentaba sus pretensiones políticas. “Eduardo Massera tenía absoluto conocimiento de toda la situación, es decir, de que el inmueble de Besares había sido sustraído, de que los que trabajábamos en el lugar estábamos privados ilegalmente de nuestra libertad en ESMA”, añadió Álvarez.
La sobreviviente Miriam Lewin también recuerda que Eduardo Enrique Massera estaba en las oficinas de Cerrito. Andaba todo el tiempo con Radice, que se había ganado el aprecio del Almirante Cero por su destreza con las finanzas y con las armas. “Eduardo Massera y Jorge Radice actuaban como una suerte de filtro de Emilio Massera. Ellos manejaban todas las actividades”, declaró la periodista ante la justicia.
Cuando pidió su elevación a juicio, el fiscal Eduardo Taiano resaltó que Eduardo Massera había tenido una función clara: ayudar a culminar con el desapoderamiento de los terrenos de Chacras de Coria. El robo había comenzado el 10 de enero de 1977, cuando una patota de la ESMA irrumpió en el estudio que Conrado Higinio Gómez tenía en la avenida Santa Fe entre Callao y Rodríguez Peña en busca de los militantes de la estructura de finanzas de Montoneros.
El entramado que se quedó con las propiedades situadas en Mendoza incluyó como eslabón final a Misa Chico SA, cuyo accionista mayoritario –del 90 por ciento– era Eduardo Massera. Para la fiscalía, estaba claro que uno de los principales objetivos de la asociación ilícita fue que los bienes de los desaparecidos pasaran a integrar el patrimonio de quien había sido el comandante de la Armada y principal responsable de los crímenes que se perpetraron en la ESMA.