El incendio en la comisaría fue por una pava eléctrica y un celular

Es el argumento de la fiscal que imputó a ocho hombres que comenzaron a ser juzgados en la ciudad de Sarmiento por el incendio de un pabellón de la comisaría y la tentativa de evasión.

Edwin Nicolás Jaramillo, Mirko Alonso Gallardo, José Atilio Perán, Juan Carlos Barrientos, Diego Armando Jara, Ismael Antonio Payahuala, Fernando Adrián Artiles y Miguel Rodríguez están siendo juzgados por el tribunal unipersonal a cargo del magistrado Alejandro Rosales.

Los ocho imputados fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal de ser los autores del incendio del pabellón común de condenados de la comisaría de Sarmiento. El hecho ocurrió el 20 de julio de 2018.

En el inicio de las audiencias de debate, la fiscal Laura Castagno refirió que el 20 de julio de 2018, a las 18:45, los ocho detenidos se encontraban alojados en el Pabellón Comunitario de personas condenadas que cumplen pena privativa de libertad.

Según los investigadores, los policías a cargo del cuidado de los detenidos habían rechazado el pedido de los internos para que los autorizaran a ingresar una pava eléctrica y un teléfono celular.

Los argumentos esgrimidos por las autoridades se basaron en que esos elementos son considerados peligrosos para la seguridad propia y de terceros. Asimismo, indicaron que están prohibidos por la normativa interna.

COMO EN LAS PELICULAS

En este marco, los presos iniciaron una protesta. Para ello, utilizaron los rellenos de los colchones, almohadas y ropa de cama. También prendas de vestir de su propiedad, pinturas y papeles que tenían para realizar artesanías varias.

Posteriormente, con un encendedor, crearon varios focos ígneos dentro del pabellón y en el patio interno enrejado. En la denuncia, las autoridades indicaron que los condenados dañaron las ventanas que comunican el pabellón, con el patio interno enrejado. Al ingresar a ese sector, cubrieron la cámara de seguridad con una remera. El objetivo era evitar que el personal policial pudiera tomar conocimiento de esta situación.

Cuando la policía advirtió la existencia del incendio, convocó al personal de turno y a integrantes de otras divisiones. Asimismo, dieron aviso a bomberos voluntarios y autoridades sanitarias. Luego, los uniformados llegaron hasta el patio interno. En ese espacio, pudieron reducir a los condenados.

Los ocho internos, estaban con los rostros cubiertos y ejerciendo fuerza sobre la puerta que comunica al patio de la comisaría. Para la fiscalía, la intención del grupo era evadirse.

Finalmente, los condenados fueron reubicados y los bomberos extinguieron el fuego. De acuerdo al informe de los peritos, el fuego de vastas proporciones puso en riesgo tanto a las personas procesadas, que se encontraban alojadas en la comisaría, como también a los que estaban prestando servicios allí.

Con respecto a la calificación jurídica, Castagno señaló que se acusó a los sospechosos como presuntos autores de los delitos de daño doblemente agravado, por haberse ejecutado el hecho, en venganza a las determinaciones de las autoridades y por tratarse de bienes de uso público. A ello, agregó los delitos de incendio agravado por peligro de muerte y tentativa de evasión.

A su turno, el abogado Gustavo Oyarzún consideró que la situación se enmarca en un conflicto que los internos mantenían con las autoridades de la comisaría. A ello, agregó que en esa jornada el personal policial realizó una requisa en la que se amedrentó y humilló a los internos. Asimismo, el defensor no coincidió con la calificación de incendio agravado.

En este contexto, los imputados utilizaron su derecho a declarar en esta etapa del proceso. Diego Jara -en representación de todo el grupo- relató la situación previa al día de los hechos. Según su testimonio, los internos mantenían una huelga de hambre en reclamo de calefacción, agua caliente y la realización de cursos.

Ante la falta de respuestas de las autoridades policiales y judiciales, decidieron provocar focos de incendio para llamar la atención. Luego, narró el momento de la intervención policial, a la que describió como una situación de “tortura y agresiones”.

Al concluir las declaraciones de los imputados, comenzó la ronda de testigos propuestos por la parte acusadora.

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