En el país las comunidades indígenas reclaman 8,5 millones de hectáreas

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas envió durante la última semana al Senado de la Nación la nueva prórroga a la ley 26.160. La iniciativa podría tratarse el miércoles.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reveló que el reclamo de tierras de las comunidades indígenas asciende a 8,5 millones de hectáreas, lo que equivale a un 3 por ciento del territorio nacional.

El INAI envió durante la última semana al Senado de la Nación la nueva prórroga a la ley 26.160 -que incluye esa cifra- y que podría tratarse el miércoles.

El conflicto territorial indígena cobró notoriedad con los reclamos en el Pu Lof de Cushamen, en Chubut, pero podría tornarse crítico si la norma venciera el 23 de noviembre sin un nuevo corrimiento de plazos que también deberán votar los diputados, en plena campaña electoral.

El informe que recibieron los senadores indica que de las 1.600 comunidades identificadas, solo 1.417 cuentan con personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci).

De ese conjunto, 824 reclamaron ya 8.414.124 de hectáreas -consideradas por ellas “territorios de ocupación tradicional”-, que no han sido otorgadas, pero se encuentran en distintas fases del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas del INAI.

En cuanto a las que iniciaron el trámite, 423 culminaron el relevamiento y se les entregaron “carpetas técnicas” para continuar la gestión, mientras que otras 401 comunidades iniciaron la tramitación pero aún no obtuvieron un despacho favorable.

La Cámara alta pidió al instituto -encargado de aplicar la ley- datos actualizados para poder tratar el tema en el recinto, en tanto continúan los tironeos sobre el alcance de la postergación.

El proyecto fue presentado por la senadora justicialista Norma Durango (La Pampa), es respaldado por todos los sectores peronistas, e impulsa la prórroga por otros cuatro años.

Dentro del bloque de Cambiemos hay voces que recelan de un plazo “largo”, como la senadora radical por Jujuy, Silvia Giacoppo, cercana al gobernador Gerardo Morales, que se inclinó públicamente por un año de extensión.

También en Diputados hay varios proyectos en trámite por las comisiones de Población, de Presupuesto y de Legislación General, incluido uno del salteño Alfredo Olmedo, y todos por cuatro años más.

Sin embargo, una alta fuente del Ministerio de Justicia, en cuya órbita está el INAI y el manejo legal del tema, le anticipó a Télam que, al margen de los acuerdos parlamentarios que se alcancen, “habrá prórroga”, despejando toda duda sobre la postura gubernamental y de sus bloques.

Otro vocero oficial, pero de la cartera de Interior, coincidió en que el Gobierno nacional “respaldará el acuerdo parlamentario” para garantizar la continuidad de la norma que inhibe desalojos pero que la cuestión exigirá, a la larga, un “consenso federal”. Vale decir: una activa participación de los gobernadores.

“La emergencia tiene ya once años y no da para más”, asegura Jimena Psathakis, designada presidenta del INAI a comienzos de agosto y cuyo plan de acción consiste en aplicar “nuevas metodologías y tecnologías” para culminar la fase de relevamiento en un máximo de dos años.

Esa constatación técnico-jurídica y catastral es el primer paso hacia el cumplimiento del artículo 75 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que reconoció en su inciso 17 la “preexistencia” de los pueblos indígenas, garantizó la personería de sus comunidades y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

“La solución final recae sobre las provincias, ya sea porque en su mayoría son tierras fiscales provinciales o porque serán las Legislaturas las que deberán votar la expropiación de privados”, razonó la nueva funcionaria.

Pero el telón de fondo del conflicto es la fuerte valorización que han tenido las tierras por la extensión del cultivo de soja y el descubrimiento de minerales y combustibles bajo el suelo que ocupan las poblaciones rurales.

Sólo en la semana que concluyó, una comunidad mapuche denunció el violento desalojo policial en el Paraje Tratayen, a 80 kilómetros de Neuquén, en la zona petrolera de Vaca Muerta, en un episodio que desde la Nación se adjudica a “grupos oportunistas”.

“Además del elevado nivel de incumplimiento, la ley 26160 no resuelve cómo se hará la transferencia dominial y titulación de las tierras comunitarias”, asegura Silvina Ramírez, de la Asociación Argentina de Derecho indígena (AADI), que aboga por una norma específica.

En eso coincide Psathakis, para quien la cuestión de fondo sigue siendo “el acceso a la posesión y propiedad comunitaria” aunque, a su entender, se trata de un resorte que manejan los gobiernos provinciales.

Una auditoría de la AGN de este año consigna que el 92% de estos pueblos no poseen los títulos de propiedad comunitarios y el 84% no tiene los títulos individuales.

En torno al nivel de ejecución de las “carpetas técnicas”, la abogada Ramírez cita el caso de la comunidad Santa Rosa Leleque, un lote de 600 hectáreas dentro de las 884 mil que posee Benetton en la región y a 15 kilómetros de la comunidad en conflicto de Cushamen.

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