En la comisaría de Sarmiento, ubicada frente al municipio y en diagonal a la Oficina Judicial y a la iglesia principal de esa ciudad, hay por lo menos seis detenidos por diferentes causas. Uno de ellos es Claudio Lamonega, el imputado por el triple homicidio que tuvo como víctimas a Marisa Santos y sus hijos Victoria Ramis y Lucas Ramis, quien será juzgado en un juicio oral y público en los próximos meses.
Las condiciones de los reclusos son incómodas, por lo menos así lo refleja un fallo del juez Alejandro Rosales quien hace una semana dio lugar a un hábeas corpus donde se solicitó mejorar las condiciones edilicias de las celdas en las que viven los detenidos.
De esa forma otorgó un plazo de 90 días para refaccionar los espacios y también para asegurar a los internos "el libre acceso y uso de las instalaciones sanitarias; y el mantenimiento y limpieza diaria del baño", confirmó ayer Rosales a El Patagónico.
El pedido de hábeas corpus fue presentado por el abogado adjunto de la defensa pública, Gustavo Oyarzún, y el defensor jefe Tomás Malerba, en beneficio de Julián Marín, Denis Gallardo, Daniel Muñoz, Maximiliano Care, Gabriel Díaz y Claudio Lamonega, entre otros detenidos.
Dentro de sus exigencias pide que se reparen las instalaciones eléctricas en calabozos y sanitarios, se mejoren la ventilación de las celdas, y "se cambie la ubicación de las chapas que cubren las ventanas y que obstruyen el ingreso de aire y luz".
También hace hincapié en los espacios y actividades de esparcimiento. Y pide que los detenidos puedan volver a participar de los talleres acordados con la Municipalidad, y se les garantice el uso del comedor y del sector de visitas para que cenen y almuercen juntos o en tandas separadas, utilizando cubiertos plásticos.
PIDEN VOLVER A LAS CONDICIONES DE ANTES
Según se supo, el malestar de los presos se habría generado en los últimos meses, tras la llegada del comisario Jesús González en reemplazo de Germán Lagos, quien impuso nuevas condiciones de seguridad. De esta forma, se cerraron las celdas que permanecían abiertas y que les permitía a los detenidos compartir actividades, y se pusieron condiciones a las comunicaciones telefónicas y escritas con sus defensores y familiares.
A esto se sumó la suspensión de los talleres de guitarra e inglés que se dictaban a partir de un convenio con el municipio, "lo que les daba una actitud distinta a los internos", señaló el comisario Lagos.
Lagos fue llamado a declarar a través del sistema de videoconferencias, tal como luego lo hizo la directora de Políticas Penitenciarias y Reinserción Social, Ivalú Francia; y la directora de Cultura, Nathalia Rúa, en su caso declarando en la misma Oficina Judicial.
De esta forma, ahora la Secretaría de Seguridad y Justicia tendrá 90 días para realizar las reparaciones y remodelaciones, y adaptar las condiciones de vida de los detenidos de acuerdo al fallo, volviendo al método que se utilizaba hasta hace unos meses.