La crisis que sacude a la industria del manga japonés escaló en cuestión de días desde un conflicto reputacional hasta una fractura interna de alto impacto. La editorial Shogakukan quedó en el centro de la controversia tras admitir que permitió la continuidad laboral de Shoichi Yamamoto, autor condenado por abusar sexualmente de una menor de 15 años, y que lo hizo bajo un seudónimo para ocultar su identidad.
El caso tomó dimensión pública luego de que se conociera el fallo de un tribunal civil de Sapporo en 2026, que obligó al dibujante a indemnizar a la víctima con 70.000 dólares. La revelación dejó al descubierto que, tras su detención en 2020, el mangaka no solo inició nuevos proyectos, sino que en 2022 publicó la obra “Joujin Kamen” bajo el alias “Ichiro Hajime”.
En un primer momento, la editorial optó por cancelar el manga y emitir un comunicado de disculpa. Sin embargo, la respuesta fue considerada insuficiente. El descontento no solo se manifestó entre lectores —con campañas de boicot y desinstalaciones de la aplicación Manga ONE— sino también puertas adentro.
El 28 de febrero, varios creadores con series activas en Manga ONE y otras plataformas del grupo exigieron la suspensión inmediata de sus propias actualizaciones como forma de protesta. La presión interna forzó a la empresa a publicar un segundo comunicado, en el que reconoció haber “traicionado la confianza” de empleados y lectores.
Ese pronunciamiento incluyó una disculpa directa a Eri Tsuruyoshi, ilustradora de “Joujin Kamen”, quien —según admitió la compañía— desconocía los antecedentes penales del guionista. Además, la editorial anunció la conformación de un comité externo de investigación con asesoramiento legal para determinar qué editores autorizaron la contratación, el uso del seudónimo y el presunto intento de acuerdo económico con la víctima ocurrido en 2021.
La dimensión institucional del conflicto se amplificó cuando intervino la Japan Cartoonists Association. La entidad, que nuclea a autores de todo el país, sostuvo que el episodio “afecta la confianza de toda la industria del manga” y exigió una pesquisa completamente transparente, priorizando la dignidad y la seguridad de la víctima.
En paralelo, varios artistas manifestaron preocupación por la gestión editorial de sus contratos y por la posibilidad de que decisiones de esa magnitud se hayan tomado sin controles éticos adecuados.
El impacto también resonó en figuras reconocidas del medio. El mangaka ONE, creador de One Punch Man, cuestionó públicamente la falta de condena categórica frente a delitos sexuales contra menores y reclamó mayor claridad en la información difundida por la empresa.
Con una investigación externa en marcha y una comunidad creativa movilizada, la crisis en Shogakukan expone tensiones profundas sobre responsabilidad corporativa, transparencia y protección de derechos en una de las industrias culturales más influyentes de Japón. El desenlace del comité anunciado será determinante para medir si la respuesta institucional logra recomponer la confianza o si la fractura interna dejará consecuencias duraderas.