El llamativo salto patrimonial de una
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Tras la reestructuración del personal de la residencia presidencial de Olivos, trascendieron detalles sobre la evolución patrimonial de María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General y funcionaria vinculada al círculo de confianza de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
De acuerdo con sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA), Agudiez incrementó su patrimonio personal de manera significativa durante sus casi tres años en la administración pública.
La exfuncionaria ingresó al Estado con un patrimonio declarado de $43.000, compuesto por $8.861 en cajas de ahorro y $35.000 en efectivo. En su declaración correspondiente al cierre de 2025, en cambio, informó activos por $4,5 millones, lo que representa una multiplicación de aproximadamente 98 veces y un incremento patrimonial cercano al 9.766%.
Según el detalle de su última presentación, Agudiez declaró $3,5 millones en efectivo, además de tenencias en fondos comunes de inversión, entre ellos Mercado Fondo y SBS, dinero en plataformas de servicios de pago (PSP) y una caja de ahorro en dólares.
En cuanto a sus ingresos y gastos durante el período anual, la exsubsecretaria informó ingresos por $37,6 millones y gastos personales por $36 millones.
La salida de Agudiez se produjo en el marco de la reestructuración implementada por el Gobierno en la Quinta de Olivos, que derivó en el apartamiento de alrededor de 12 empleados civiles bajo el argumento oficial de "razones de seguridad" y ante sospechas sobre posibles filtraciones de información.
María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General, pasó de declarar $43.000 al ingresar a la administración pública a informar activos por $4,5 millones al cierre de 2025.
Entre los desplazados también estuvo Osvaldo Sosa, exadministrador de la residencia presidencial, quien está casado con Analía Agudiez, hermana de la exsubsecretaria.
El caso tomó mayor repercusión luego de la intervención de la diputada nacional Marcela Pagano, quien volvió a poner en agenda una denuncia penal por un presunto esquema de corrupción vinculado con compras públicas de la Secretaría General de la Presidencia.
Según la denuncia de la legisladora, determinadas licitaciones destinadas a la compra de alimentos y cortes de carne premium para Balcarce 50 y la Quinta de Olivos habrían sido desviadas para abastecer a Pancitos Caseros, un emprendimiento privado de catering administrado por el matrimonio Sosa-Agudiez.
Las acusaciones forman parte de una investigación que continúa bajo análisis administrativo y judicial. En ese marco, la evolución patrimonial declarada por Agudiez quedó bajo la lupa junto con los vínculos entre funcionarios desplazados y proveedores relacionados con el entorno de la residencia presidencial, rcuperó el sitio Ámbito.com.