La audiencia de control de detención y apertura de investigación contra Primitivo Antonio Zúñiga, Andrés Juvenal Velázquez y Víctor Emilio Barrientos se llevó a cabo ayer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia desde las 13:57 y se extendió hasta las 16:36.
El acto fue presidido por la juez penal Daniela Alejandra Arcuri, quien es la magistrada natural de la causa que tiene como imputados al ex comisario de la Seccional Primera, Alejandro Pulley; al oficial de la Policía del Chubut, Pedro Lázaro Benítez; al colombiano, Juan Carlos Cuellar Gamboa; a la paraguaya, Guillermina Ferreira Almada, y al comodorense, César "Chatrán" Hernández. Ahora, todos ellos se convirtieron en consortes de la causa que ya viene investigando los delitos de cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, facilitación y explotación económica de la prostitución, asociación ilícita y estafas reiteradas.
En representación del Ministerio Público actuaron los fiscales generales Camila Banfi, Martín Cárcamo y el fiscal jefe, Juan Carlos Caperochipi. Ellos son quienes vienen trabajando en la investigación de la causa que se inició el 5 de julio último como asociación ilícita y a la que ahora se suman los nuevos imputados que ayer fueron asesorados por el abogado Guillermo Iglesias.
En el caso de Zúñiga, Velázquez y Barrientos fueron imputados por el delito de "exacciones ilegales agravadas por consunción en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público, bajo la modalidad de delito continuado y en calidad de coautores". Si bien el delito tiene una pena mínima que la torna excarcelable, la multiplicidad de hechos la agrava y la convierte en pena de cumplimiento efectivo.
RECAUDARON
CUATRO AÑOS
El registro sobre la actividad delictiva desplegada se inició el 4 de setiembre de 2012 y continuó hasta el martes último, tras la detención de Zúñiga (titular de la cartera), Velázquez (jefe de operaciones) y Barrientos (encargado del depósito de secuestros). A los protagonistas, entre otras cosas, se les atribuye el cobro de dádivas a los departamentos Vips, cabaret y otros boliches nocturnos a los que se les permitía trabajar y no se le realizaban allanamientos para cumplir con la ordenanza 10557/12, mediante la cual se persigue la venta clandestina de bebidas alcohólicas y el ejercicio ilegal de la prostitución en los denominados Vips.
Tal como lo adelantó El Patagónico, la Fiscalía confirmó que por semana cobraban 15.000 pesos para que funcionen este tipo de lugares ligados al ejercicio ilegal de la prostitución.
Además, se afirmó que los imputados fueron quienes permitieron que entre abril de 2013 y julio de este año no se realizaran operativos en el Vip que funcionaba en Francia 510 y que regenteaba Guillermina Ferreira Almada, la presunta protegida del comisario Pulley.
Esto se produjo a partir del acercamiento que tuvieron Ferreira Almada y Pulley tras el allanamiento que se realizó cuando ella tenía el Vip en Rawson 1.146 (la misma cuadra en que funciona la Secretaría de Seguridad).
Allí, mientras todavía estaba Carlos Marsó frente a la dependencia, se allanó el Vip de la ciudadana paraguaya y desaparecieron 90.000 pesos, tras lo cual Pulley le pidió a Marsó que hiciera entrega de los efectos secuestrados a Ferreira Almada.
Desde entonces, según la acusación de la Fiscalía, se iniciaría su protección y la apertura del Vip de la calle Francia, desde donde no se volvió a pagar coimas a la Secretaría de Seguridad, pero tampoco se volvió a molestar a su encargada, sobre quien Pulley hacía creer que era una informante.
ACTIVIDAD PARAPOLICIAL
El otro adelanto de El Patagónico que se confirmó ayer en la audiencia por parte de la Fiscalía tiene que ver con la actividad parapolicial que según la imputación realizaban los empleados de la Secretaría de Seguridad por orden de Zúñiga, lo cual constituye un delito federal que se anunció que será girado a ese fuero judicial para que se investigue la presunta violación de la Inteligencia de Estado.
Al respecto se indicó que existen testigos –de los 14 que ya entrevistó la Fiscalía- que afirman que se plantaron pruebas para armar causas penales y que también se realizaban seguimientos, filmaciones y de manera ilegal se abrían teléfonos celulares y equipos informáticos con el objetivo de utilizar con de manera extorsiva la información que allí existía.
De esos secuestros surgieron imágenes de tres policías de la Brigada de Investigaciones realizando juegos eróticos en uno de los departamentos Vip. Ello, además, explicaría los motivos de por qué se contaba con la "complicidad de la Brigada de Investigaciones".
TRES MESES PRESOS
La Fiscalía entendió que existen sobrados elementos de convicción para tener a los imputados como probables autores del delito que se les atribuyó, y que además existe peligro de entorpecimiento de la investigación, como así también de fuga. En consecuencia se solicitó el dictado de la prisión preventiva por el término de tres meses y que el vencimiento de la investigación opere el 5 de julio del año que viene, en coincidencia con el plazo del resto de los imputados.
Por su parte el defensor no cuestionó la legalidad de la detención, como tampoco la apertura de la causa, porque consideró que la investigación será beneficiosa para sus asistidos. Sí se opuso al dictado de la prisión preventiva en un centro de detención y pidió que la misma, para los tres, se cumpla en sus respectivos domicilios.
Tras escuchar a las partes, la juez formalizó la investigación en contra de los nuevos imputados, declaró legal las detenciones y dictó la prisión preventiva hasta el 7 de marzo del año que viene a la 12 del mediodía.