En una audiencia de cesura de pena desarrollada en la cámara penal de Trelew, los jueces José García, Alejandro Defranco y César Zaratiegui escucharon las pretensiones punitivas de las partes en el caso donde Jorgelina Domínguez fue hallada autora material y penalmente responsable del homicidio de Candela González y de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de la amiga de quien resultara víctima. El crimen ocurrió el 29 de abril de 2017, cuando la imputada le asestó dos balazos a la adolescente de 14 años. El ataque ocurrió en la plaza del barrio Luz y Fuerza cerca de las 17 y la joven falleció al día siguiente.
El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Arnaldo Maza y el funcionario de fiscalía Enrique Kaltenmeier, aseveró que el ataque fue sorpresivo e inmediato y que se realizó de manera insistente y brutal, mientras Candela intentaba escapar corriendo para salvar su vida.
En cuanto a los motivos especificaron que no existieron más que los de demostrar su pretendido poder y en tal sentido debía poner las cosas en orden. Se enfatizó que la condenada merece altísimo grado de reproche, habiéndose registrado dos hechos, uno de ellos consumado con la muerte de Candela y otro en grado de conato, cuando intentó también acabar con la vida de su amiga, a quien mientras disparaba le gritaba: “a vos también te voy a matar…”.
La parte acusadora consideró también el daño causado a la madre y el resto de la familia de la víctima, que estaba en condiciones de llevar adelante un proyecto de su vida, lo cual quedó frustrado. Del mismo modo se valoró la problemática que afronta quien acompañaba a Candela, quien padece todo tipo de trastornos a partir de aquel momento.
Manifestaron que, en cambio, Jorgelina Domínguez no demostró en ningún momento tipo alguno de arrepentimiento y por el contrario durante todo este tiempo se abocó a presionar y hostigar a víctimas, testigos y familiares, en forma directa o a través de terceras personas, lo que quedó demostrado en el transcurso del juicio. Buscaba que testigos mutaran sus declaraciones en sentido de su conveniencia.
Con estas argumentaciones el Ministerio Público Fiscal consideró que la pena adecuada para imponer a Jorgelina Domínguez Reyes es de 30 años de prisión de efectivo cumplimiento. Solicitó además el decomiso del automóvil Peugeot 206 que la condenada utilizó aquella fatídica tarde para trasladarse hasta el escenario de los sucesos.
Mientras, Federico Espiro, abogado patrocinante de la querella –en representación de la familia de la víctima- adhirió a esta última medida pedida por fiscalía y luego de evaluar lo sucedido y probado durante el debate, solicitó al tribunal una pena para la imputada de 35 años de prisión.
EL PEDIDO DE LA DEFENSA
El defensor Lisandro Benítez expuso que su defendida efectuó reiterados pedidos de disculpas a la familia de Candela y puso como atenuante que Jorgelina Domínguez tiene cuatro hijos, quienes están sufriendo las consecuencias de la situación por la que atraviesa la madre. Y recordó que se encuentra además cursando un embarazo de alto riesgo.
Aseguró que no tiene antecedentes penales, está cumpliendo con el arresto domiciliario y no tiene vínculos cercanos con la víctima. Pidió más adelante que se considere la emergencia carcelaria decretada por el Gobierno provincial, al expresar que no hay dependencias en condiciones de albergar mujeres. Finalmente sugirió al cuerpo colegiado que se imponga el mínimo de pena, esto es 10 años y seis meses de prisión.
Las últimas palabras en este debate de pena fueron de la propia Jorgelina Domínguez quien manifestó que la familia de Candela quería un culpable y el tribunal decidió que fuera ella, “aún cuando soy inocente”, dijo. Luego exigió que se resolviera la prohibición de acercamiento hacia miembros de su familia, quienes son amenazados constantemente, indicó.
Los miembros del tribunal informaron que se tomarían el plazo legal correspondiente, cinco días hábiles, para dar a conocer la pena correspondiente dentro de ese lapso, comunicándoselo a las partes por correo electrónico y a la condenada en el domicilio donde se encuentra con arresto domiciliario.