Finalmente ayer terminó el juicio oral y público por el asalto que sufrió el director de la Oficina Judicial de Sarmiento, en el cual estaba imputado un joven de 18 años (era menor de edad cuando ocurrió el hecho), acusado por la Fiscalía como co autor del delito de robo con un arma de fuego, en grado de tentativa.
En ese marco, el juez Alejandro Rosales declaró la responsabilidad penal del adolescente acusado y leyó en forma íntegra al fallo imponiéndole dos medidas socioeducativas: realizar 300 horas de trabajo comunitario a favor de la Municipalidad de Sarmiento y encontrar un oficio o profesión en 30 días, una vez que quede firme la sentencia ante el tribunal.
VALIOSOS TESTIGOS
El acto judicial fue presidido por Rosales y la parte acusadora estuvo representada por la fiscal Laura Castagno y la funcionaria Marisol Sandoval, mientras el imputado recibió el asesoramiento legal del abogado adjunto de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzún.
En la oportunidad, Rosales destacó el aporte de los testigos durante la etapa de debate del juicio oral y público, principalmente el testimonio de un vecino de las víctimas que relató que esa mañana del 13 de febrero de 2016 pudo observar a los dos jóvenes procesados trasladando los elementos electrónicos que habían sustraído de la vivienda de los damnificados.
También subrayó que para sus conclusiones fue determinante el registro fílmico obtenido de una cámara de seguridad ubicada sobre la avenida Colonos Sudafricanos. Esas imágenes permitieron observar a tres personas. Dos de ellas, con vestimentas que se correspondían con las que llevaban los imputados.
Por todo ello, y sobre las bases descriptas, dio por probada la existencia del hecho y la participación criminal del acusado con el grado de certeza que reclama la etapa procesal.
De esta forma, declaró la responsabilidad penal del joven –que al momento del hecho tenía 17 años- como coautor penalmente responsable del delito de robo con un arma de fuego cuya actitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, en grado de tentativa.
Además de las medidas socioeducativas, el juez dispuso que el condenado mantenga su domicilio, se presente del 1 al 10 de cada mes ante el licenciado en Trabajo Social a cargo del Cuerpo de Delegados de Control, y se someta a un tratamiento psicológico previo informe del hospital local y/o del Cuerpo Médico Forense que acredite su necesidad y eficacia.
UN VIOLENTO ASALTO
El 13 de febrero de 2016 el ayer condenado, junto a otros dos jóvenes, participó de un violento robo en la vivienda del director de la Oficina Judicial. El hecho ocurrió a las 7:10 en la casa N° 21, del barrio 22 viviendas, ubicado en un sector del barrio Buzzo.
Según señalaron desde Fiscalía, esa mañana cuatro personas ingresaron por la puerta principal de la casa y uno de ellos se dirigió a la habitación matrimonial. Con un arma de fuego amenazó de muerte al funcionario judicial, a su esposa y al hijo menor de ambos, y les exigió la entrega de dinero, celulares y otros elementos de valor.
Las víctimas permanecieron todo el tiempo en la habitación y desde allí pudieron escuchar que el resto de los integrantes de la banda revolvían y destruían objetos en otras habitaciones.
Cuando los agresores se retiraron de la casa, el damnificado pudo dar aviso telefónico a la policía y aportó datos de la descripción de la vestimenta de uno de los sospechosos. Unos minutos después los agentes que patrullaban la zona detuvieron a un joven cuyas prendas de vestir coincidían con las referencias brindadas por las víctimas.
El joven arrojó algunos objetos en la vía pública antes de ser detenido. Luego, intentó buscar resguardo en una vivienda del barrio Federal II.
En tanto, otro adolecente fue detenido por la policía cuando caminaba por las calles del barrio Buzzo. Trasladaba un televisor de importantes dimensiones. Posteriormente fue detenido el tercer implicado,
En ese marco, los damnificados denunciaron que les fueron sustraídos un televisor Led de 42 pulgadas, una máquina de juegos, un reproductor de DVD, una cartera de mujer color marrón claro, una billetera que contenía dinero y documentación de los integrantes del grupo familiar y tres teléfonos celulares, elementos que fueron recuperados.
