Investigan a ocho condenados por el incendio de un pabellón en la comisaría de Sarmiento

La fiscalía los acusa de generar el fuego e intentar escaparse. Los imputados declararon y denunciaron que ese día fueron golpeados, e incluso torturados, por efectivos policiales.

Por pedido de la fiscalía, el juez penal Jorge Novarino formalizó una investigación preparatoria de juicio contra Edwin Nicolás Jaramillo (29), Mirko Alonso Gallardo (28), José Atilio Perán (30), Juan Carlos Barrientos (22), Diego Armando Jara (26), Ismael Antonio Payahuala (29), Fernando Adrián Artiles (24) y Miguel Rodríguez (30). Se encuentran imputados como presuntos autores del incendio del pabellón común de condenados de la Comisaría de Sarmiento, ocurrido el 20 de julio del año pasado. La parte investigadora, obtuvo un plazo de seis meses para concluir la investigación.

Los internos Jara, Perán, Rodríguez y Artiles participaron de la audiencia mediante el sistema de videoconferencia desde la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia. El mismo mecanismo se utilizó para Jaramillo desde la Oficina Judicial de Esquel. Mientras, Barrientos y Gallardo, estuvieron presentes en la sala de audiencias de Sarmiento y Payahuala participó a través del sistema de videoconferencia desde el Juzgado de Paz de Río Mayo.

En la pieza de apertura de investigación, la fiscal Laura Castagno señaló que los incidentes que investigará ocurrieron el viernes 20 de julio de 2018, en la comisaría de Sarmiento. Ese día, a las 18:45, los ochos detenidos se encontraban alojados en el Pabellón Comunitario de personas condenadas que cumplen pena privativa de libertad.

Según los investigadores, los policías a cargo del cuidado de los detenidos habían rechazado el pedido de los internos para que los autorizaran a ingresar una pava eléctrica y un teléfono celular.

Los argumentos esgrimidos por las autoridades, se basaron en que esos elementos son considerados peligrosos para la seguridad propia y de terceros. Asimismo, indicaron que están prohibidos por la normativa interna.

En este marco, los presos iniciaron una protesta. Según la fiscalía, prendieron fuego mediante la utilización de los rellenos de los colchones, almohadas y ropa de cama, que son provistos por la institución. También prendas de vestir de su propiedad, pinturas y papeles que tenían para realizar artesanías varias. Con un encendedor crearon varios focos ígneos dentro del pabellón y en el patio interno enrejado.

En la denuncia, las autoridades, indicaron que los condenados dañaron las ventanas que comunican el pabellón con el patio interno enrejado. Al ingresar a ese sector, cubrieron la cámara de seguridad con una remera. El objetivo, era evitar que el personal policial pudiera tomar conocimiento de esa situación.

Cuando los agentes advirtieron el incendio, convocaron al personal de turno y a integrantes de otras divisiones. Asimismo, dieron aviso a Bomberos Voluntarios y autoridades sanitarias. Luego, los uniformados lograron llegar hasta el patio interno y reducir a los condenados. Los ocho internos estaban con sus rostros cubiertos y ejercían fuerza sobre la puerta que comunica al patio de la comisaría. Para la fiscalía, la intención del grupo de era escapar.

Finalmente los condenados fueron reubicados y los bomberos extinguieron el fuego. De acuerdo al informe de los peritos, el incendio de grandes proporciones puso en riesgo de muerte tanto a las personas procesadas, que se encontraban alojadas en la comisaría como a quienes estaban prestando servicios en el lugar.

Con respecto a la calificación jurídica provisoria, Castagno señaló que se imputará a los sospechosos como presuntos autores de los delitos de daño doblemente agravado, por haberse ejecutado en venganza a las determinaciones de las autoridades y por tratarse de bienes de uso público. A esa imputación agregó los delitos de incendio agravado por peligro de muerte, y tentativa de evasión.

La investigadora solicitó un plazo de seis meses de investigación y la aplicación del protocolo único de identificación de personas. También requirió la medida de prisión preventiva.

Sus fundamentos, se basaron en que se reunieron elementos de convicción suficientes para sostener que los imputados son coautores de los delitos que les adjudican. También citó el riesgo procesal de peligro de fuga, por la gravedad del hecho y la pena en expectativa.

Al respecto, manifestó que si al finalizar el juicio los procesados son considerados autores del delito, las penas que recibirán serán de cumplimiento efectivo, en función de que todos los imputados cuentan con antecedentes penales computables.

DENUNCIAN TORTURAS

En este contexto, los acusados utilizaron su derecho a declarar en esta etapa del proceso. En síntesis coincidieron en señalar que la fiscalía debe investigar sus denuncias contra los empelados policiales por los delitos de golpes y torturas que habrían sufrido en esa jornada.

El defensor Gustavo Oyarzun consideró que la fiscalía no tuvo el buen tino de investigar las dos causas en forma conjunta. En cambio, no objetó la pieza de apertura aunque pidió un cambio en la calificación respecto al delito de incendio. Tampoco se manifestó en contra del plazo de investigación requerido y la aplicación del protocolo de identificación.

Luego de escuchar los pedidos de las partes, Novarino resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio contra los ocho imputados, en orden a los delitos descriptos por la representante del Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, el juez hizo lugar a la calificación legal provisoria propuesta, la aplicación del protocolo y el plazo de investigación peticionado, pero rechazó el pedido de aplicación de prisión preventiva propiciado por la parte investigadora. Algunos de ellos todavía cumplen condena en las causas por las que se encontraban detenidos el día de los incidentes en la comisaría de Sarmiento.

Edwin Nicolás Jaramillo (29), está condenado a 9 años de prisión por homicidio y se encuentra detenido en Esquel.

Mirko Alonso Gallardo (28) tiene una condena de 6 años y 6 meses de prisión por robo agravado y está en libertad condicional.

José Atilio Perán (30), condenado a 6 años y 6 meses de prisión por robo agravado, está alojado en la alcaidía policial de Comodoro Rivadavia.

Juan Carlos Barrientos (22), condenado a 4 años de prisión por robo agravado, está en libertad condicional.

Diego Armando Jara (26), condenado a 8 años y 6 meses de prisión por robo agravado, está alojado en la alcaidía policial de Comodoro Rivadavia.

Ismael Antonio Payahuala (29), condenado a un año de prisión por abigeato, permanece en libertad condicional.

Fernando Adrián Artiles (24), condenado a 15 años de prisión por homicidio, se encuentra alojado en la alcaidía policial de Comodoro Rivadavia.

Miguel Rodríguez (30), condenado a 8 años y 6 meses de prisión por homicidio, está alojado en la alcaidía policial de Comodoro Rivadavia.

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