La falta de alojamiento carcelario es un problema a nivel provincial

En Comodoro vencen los plazos para habilitar el Módulo 1 de la alcaidía. Mientras en Rawson hay calabozos clausurados desde 2011 y el domingo se tuvo que liberar a dos detenidos.

Un inconveniente surge de grandes dimensiones surge en todas las comisarías del Chubut a la hora de alojar detenidos. En Comodoro Rivadavia vencen hoy las 72 horas que le dieron al Ejecutivo provincial para habilitar el Módulo 1 de la alcaidía, mientras que el Rawson tiene los calabozos clausurados desde 2011 y el domingo se tuvo que realizar un control de detención a las 2:30 de la mañana para poder liberar a dos detenidos. Es que en Playa Unión también están clausurados los calabozos y tampoco había lugar en Trelew.
Las 72 horas que le otorgó el juez de Ejecución Penal de Comodoro Rivadavia al Ejecutivo provincial para habilitar el primero de los dos módulos que se construyeron en la alcaidía vencen hoy, pero el problema de alojamiento de detenidos que tiene la ciudad más poblada de la provincia es similar al que existe en el valle.
En la Comisaría de Rawson los calabozos están clausurados desde 2011 y esa falencia salió otra vez a la luz a partir de la situación que se generó este fin de semana, tras la detención de los hermanos Ricardo y Patricio Santa Cruz, quienes resultaron imputados por los delitos de daños y amenazas.
Por falta de calabozos para mantenerlos hasta la audiencia de control de detenidos, el juez César Zaratiegui resolvió dejarlos en libertad y lo hizo durante la audiencia que se realizó a las 2:30 de la madrugada del domingo.
A esa resolución se llegó luego de que la Defensa Pública presentara una hábeas corpus que obligó a realizar la audiencia.
Según se informó, los hermanos Santa Cruz fueron sorprendidos por la policía de Rawson mientras dañaban el frente del edificio de Mariano Moreno 737 cerca de las 20:30 del sábado y durante las detenciones los sujetos agredieron a los policías.
Tras la detención, desde la Comisaría se dio aviso al funcionario de Fiscalía de turno y a la Defensa Pública, a la vez que se informó que en esa dependencia no había lugar para alojar a los detenidos hasta el control de detenidos por estar los calabozos clausurados. En casos similares se los derivaba a la Comisaría de Playa Unión, pero el calabozo de ese lugar también fue clausurado por las precarias condiciones de habitabilidad. El plazo que el juez José García dispuso a las autoridades policiales para las reparaciones fue de 30 días y está próximo a cumplirse.

NO HAY LUGAR
El sábado, en horas de la noche, desde la Fiscalía y la Comisaría de Rawson se intentó buscar alojamiento en otras dependencias de la zona pero todas las comisarías estaban abarrotadas de presos. Entre las gestiones realizadas también se contactaron con autoridades de la Unidad Regional de Policía de Trelew que con buena predisposición ofrecieron los calabozos de la Seccional Tercera, pero las condiciones no son acordes para acoger detenidos ya que no poseen agua potable y existen emanaciones de gases tóxicos correspondientes al sistema cloacal, tal como indica un informe policial que consta en la causa judicial en manos de la Fiscalía de Rawson.
Esta situación llevó a la Defensa Pública a pedir al juez de garantías de turno un inmediato hábeas corpus para que los dos detenidos recuperen la libertad.
Así desde la Oficina Judicial de Rawson se dispuso la realización de una audiencia de control de detenidos a las 2:30 de la madrugada del domingo. El Ministerio Público Fiscal fue representado por la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo y como defensor oficial estuvo el defensor Damián D’Antonio.
En la audiencia la representante del Ministerio Público Fiscal describió el hecho en el que se encuentran involucrados los hermanos Santa Cruz. También las autoridades policiales brindaron su informe sobre el estado de los calabozos de esa dependencia y las acciones realizadas para buscar opciones de alojamiento. Al no haber lugar para los dos detenidos, Zaratiegui debió disponer la inmediata libertad de los imputados, abrir la investigación por los hechos en los que se encuentran involucrados y disponer del plazo de seis meses para investigar el delito de daño, amenazas, atentado y resistencia a la autoridad, en los que se encuentran involucrados.
Lo ocurrido judicialmente fue informado a la Jefatura de Policía del Chubut y al Ministerio de Gobierno de la Provincia del Chubut, tal como lo dispuso el juez Zaratiegui.

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