La Fiscalía de Sarmiento solicita tres años y medio de prisión para una dirigente deportiva

La expresidenta de la Asociación Sarmientina de Automovilismo, Daniela Molina, está siendo juzgada por el presunto delito de administración infiel, en concurso real con fraude contra la administración pública. La Fiscalía anticipó que solicitará que se le imponga una pena de 3 años y 6 meses de prisión.

Con la ronda final de testigos y los alegatos finales ayer continuó en Sarmiento el juicio oral y público contra Daniela Molina, expresidenta de la Asociación Sarmientina de Automovilismo, que está siendo juzgada por el presunto delito de administración infiel, en concurso real con fraude contra la administración pública.

En la sala de audiencias n°1 de la Oficina Judicial de esa ciudad, se desarrolló la audiencia de debate, en el marco de la investigación realizada por la Fiscalía a raíz de la denuncia por presuntos delitos cometidos por Molina y la extesorera, Violeta del Carmen Haro Díaz, quien obtuvo el beneficio de suspensión de juicio a prueba por el plazo de 1 año y 6 meses.

El acto judicial fue presidido por el juez, Daniel Pérez. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Laura Castagno. La imputada, en tanto, fue asesorada por el abogado de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzun.

En ese marco, Castagno desarrolló su teoría del caso y sostuvo que mediante la producción de prueba de testimonios y documentos, lograría probar la hipótesis presentada en la pieza acusatoria.

Sobre la calificación legal, explicó que el Ministerio Público Fiscal acusa a Molina, como presunta coautora de la comisión del delito de administración infiel en calidad de coautora, en concurso real con fraude en perjuicio de la Administración Pública.

En consecuencia, pediría al tribunal que declare su autoría y responsabilidad penal y que se le imponga una pena de 3 años y 6 meses de prisión.

Por su parte, Oyarzun, consideró que la representante del Ministerio Público Fiscal no lograría demostrar la existencia de los dos delitos que le imputa a su asistida. Asimismo aseguró que al concluir el juicio, el tribunal deberá dictar un fallo absolutorio.

“UN MONTON DE DEUDAS”

Durante el juicio, dos integrantes de la actual comisión de la Asociación Sarmientina de Automovilismo fueron convocados como testigos de la Fiscalía. El presidente actual de la A.S.A, Juan Carlos Perry, declaró: “cuando asumimos tuvimos que poner plata de nuestros bolsillos para pagar los servicios de luz y deudas en distintos comercios. No recibimos ningún balance, en la cuenta corriente que la asociación tiene en el Banco Provincia no había dinero y el proyecto de construcción de la cabina de transmisión, baños y otras obras en el circuito no se habían realizado”.

Con respecto a los perjuicios que esta situación le generó a la institución, aseguró que “los balances que se presentaron fueron rechazados por la Inspección General de Justicia (IGJ), y esto nos ocasionó un perjuicio porque no podemos recibir ningún tipo de subsidio económico. Estamos con las puertas cerradas” concluyó.

Por su parte, uno de los vocales de la comisión actual afirmó: “la comisión anterior recibió fondos públicos para ejecutar un plan de obras que incluía cabinas de transmisión, baños y galpón de revisación que no fueron realizadas. Por este motivo investigamos y realizamos las denuncias”.

En otro orden sostuvo: “el proyecto de las obras fue presentado por la expresidenta en el Micro Cine municipal mediante la exhibición de una maqueta”. En tanto, sobre el paredón construido en el circuito, afirmó “esa obra corresponde a la gestión anterior a la de Molina, la presidencia de Juan Gonzales Lema, y fue mediante 80.000 pesos de la Municipalidad de Sarmiento, aportados por el exintendente Sebastián Balochi”.

Otro de los testimonios destacados de la primera jornada correspondió al extesorero de la comisión que comandaba Daniela Molina. Este testigo, indicó que los motivos de su alejamiento obedecían a los manejos de los fondos que realizaba la acusada.

En este sentido, explicó: “ella y yo éramos los únicos autorizados a manejar la cuenta corriente en el banco, pero Molina retiraba dinero sin que yo estuviera presente y después me llamaban del banco para que fuera a firmar o a cubrir con cheques”.

Por último, testificó: “cuando renuncie llamó a un escribano, para que se informara en la reunión de cómo se habían manejado las cosas”.

LOS CASOS INVESTIGADOS

La Fiscalía investigó los hechos ocurridos entre agosto de 2014 y mayo de 2015, cuando Molina y Haro Díaz, en carácter de presidente y tesorera de la “Asociación Sarmientina de Automovilismo”, utilizando sus facultades de administración conforme estatuto, percibieron la suma de trescientos sesenta mil pesos ($360.000) por parte del Gobierno de Chubut.

Estos fondos estaban destinados a la construcción de la sede social. Sin embargo, según los investigadores, la totalidad de ese dinero no fue destinada a las obras comprometidas.

Esta acción, provocó un daño patrimonial a la asociación que representaban, y además se violaron los deberes confiados.

El segundo hecho que se investigó se basa en el incumplimiento en que habría incurrido Molina, ya que por el cargo que ocupaba en la organización, estaba obligada a presentar documentación y rendiciones ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Chubut.

En este sentido, se explicó que los subsidios que otorga la provincia están sujetos a la obligación de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas en el marco del Régimen de Asignación, Utilización y Rendición de Subsidios. Sin embargo, se observó un incumplimiento en la rendición.

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