Una mujer sufrió graves lesiones en una pierna tras ser atacada por dos perros mientras caminaba por una calle del oeste de Bariloche. Aunque nadie presenció el momento de la mordedura, el juez tomó en cuenta testimonios de vecinos y otros indicios para acreditar la responsabilidad de quien tenía los animales bajo su cuidado.
La Justicia Civil de Bariloche condenó a pagar $20.818.991 más intereses por las consecuencias del ataque de perros ocurrido en diciembre de 2021.
La mujer caminaba por una calle del oeste de la ciudad cuando, según relató, del interior de una propiedad salieron dos perros. Uno de ellos la tiró al suelo y comenzó a morderla en la parte posterior de una pierna. La mordedura le provocó heridas profundas y daños que requirieron atención médica. La gravedad de las lesiones hizo que debiera atravesar varias cirugías, tratamientos, curaciones y un autoinjerto de piel. También permaneció durante un período sin poder desarrollar normalmente su actividad laboral.
El caso llegó a la Justicia después de que la mujer demandara a la dueña de la vivienda por las consecuencias del ataque. Al no haber testigos de la mordedura, la dificultad radicaba en establecer de manera directa cuáles habían sido los perros que provocaron las lesiones.
En la sentencia, el juez señaló que “no se ha podido demostrar en forma fehaciente que hubiese sido alguno de los perros de la demanda quien mordió a la parte actora, porque no hubo testigos presenciales ni ningún otro elemento probatorio que lo pueda determinar”. Sin embargo, eso no alcanzó para rechazar el reclamo. “Pero ello no es impedimento alguno para endilgarle responsabilidad cuando las circunstancias referidas son indicios precisos y concordantes”, sostuvo el magistrado. Según explicó, esos indicios permitían tener por acreditado que alguno de los perros que estaban bajo responsabilidad de la demandada había provocado el daño.
Para llegar a esa conclusión, el juez valoró distintos testimonios de personas que conocían a los animales y habían visto que circulaban por la zona.
Una vecina contó que conocía a los perros desde hacía unos cinco años y que solían salir a caminar por el lugar. Dijo que estaban habitualmente sobre la calle, sueltos, y que cuando pasaban personas “se les venían encima”. También describió a los animales como dos perros labradores negros y sostuvo que, en esa zona, no había otros perros negros sueltos, por lo que no existían posibilidades de confusión. Otro vecino declaró que se había encontrado varias veces con esos dos perros, que salían de la vivienda y que tenían una “actitud de ataque constante”. También contó que había tenido distintos incidentes con ellos.
El juez consideró que los testimonios coincidían entre sí y con el resto de la prueba. Por eso, concluyó que existían elementos suficientes para atribuir el ataque a alguno de los perros que estaban bajo responsabilidad de la demandada.
Otro elemento que tuvo en cuenta la sentencia fue la forma en que estaba cerrado el terreno. De acuerdo con los testimonios, los perros podían salir del inmueble y llegar hasta la calle. En su declaración, la testigo mencionó que “el portón de ese inmueble siempre estaba abierto y aunque estuviera cerrado los perros pasaban por los costados”. Para el juez, esto implicaba un incumplimiento del deber de cuidado que debía existir sobre los animales.
También consideró relevante que la persona demandada había negado inicialmente tener perros al momento del ataque, algo que, según la sentencia, quedó contradicho por las pruebas reunidas durante el proceso. Los animales fueron registrados recién cuatro días después del ataque. El juez aclaró que no pudo establecerse si los perros registrados eran exactamente los mismos que habían atacado a la mujer.
La Justicia fijó una indemnización de $20.818.991, además de los intereses correspondientes en caso de mora. La suma incluye el perjuicio económico por el período en que las lesiones le impidieron trabajar; el tratamiento psicológico y los gastos médicos, de farmacia y traslados. La sentencia también impuso las costas del proceso a la parte demandada.