El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, a cargo de Martín Cormick, resolvió suspender de forma cautelar el Decreto 759/2025 del Poder Ejecutivo y dispuso la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (27.795). La medida obliga al Estado nacional a actualizar las partidas destinadas al pago de salarios docentes y al sistema de becas estudiantiles.
La decisión se dictó en el marco de una acción de amparo colectivo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a otras entidades del sistema educativo, que cuestionaron la constitucionalidad del decreto presidencial. En su resolución, el magistrado consideró que el DNU presenta, al menos en esta etapa del proceso, indicios de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, al condicionar la vigencia de una ley que fue ratificada por el Congreso tras el veto del Ejecutivo.
Cormick sostuvo que la insistencia legislativa con el voto de los dos tercios de ambas cámaras no deja margen para una suspensión administrativa de la norma. En ese sentido, remarcó que el Gobierno basó su decisión en una norma de jerarquía inferior, lo que entra en tensión con un mandato constitucional expreso que no contempla mecanismos para frenar la promulgación de una ley insistida.
El fallo también ponderó el “peligro en la demora”, al señalar que la pérdida del poder adquisitivo de docentes y el impacto sobre los estudiantes están reconocidos tanto en la propia ley como en el decreto cuestionado. Según el juez, este deterioro compromete derechos laborales amparados por tratados internacionales y por la Constitución Nacional, y puede afectar directamente el derecho a enseñar y aprender.
En cuanto a las consecuencias económicas, el magistrado descartó que la cautelar genere efectos irreversibles y relativizó el impacto fiscal de su implementación. Citó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso que calculan el costo de la norma en un 0,23% del PBI, un monto que calificó como “poco significativo” frente a los derechos en juego.
La resolución subraya que la estrategia adoptada por el Poder Ejecutivo “parece reñida con el principio de división de poderes” y establece que la suspensión del decreto regirá hasta que se dicte sentencia definitiva. Mientras tanto, el Estado deberá cumplir de manera inmediata con los artículos centrales de la ley que garantizan el financiamiento universitario y la recomposición salarial docente.