Para el juez Martín Cormick, la medida represiva que se tomó a inicios de la gestión libertaria atenta "contra el derecho a ser oído" y puede "generar un daño irreparable" a quienes ya están en "condición de vulnerabilidad".
"El que corta no cobra", amenazaban carteles en estaciones de trenes y colectivos ante las primeras movilizaciones de la era Milei. La advertencia que inauguraba la ofensiva de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich contra la protesta social, luego se convirtió en una resolución que firmó otra ministra, la de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Este viernes, finalmente, el juez en lo contencioso administrativo, Martín Cormick, dictó una medida cautelar que impide al Gobierno expulsar de los programas "Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social" y suspender el pago a sus beneficiarios por participar en protestas, adjudicándoles la interrupción de la circulación y actos de violencia que alteran el orden público.
Esas represalias están establecidas y previstas para ser aplicadas en forma inmediata en disposiciones del Ministerio de Capital Humano de abril del año pasado, pero según el magistrado tienen "indicios de ilegitimidad", atentan "contra el derecho a ser oído" y a defenderse en un proceso administrativo. Además pueden "generar un daño irreparable" a quienes ya están en "la condición de vulnerabilidad".
INCLUSION, POCO Y NADA
Cormick hizo lugar en forma parcial a una medida cautelar en el trámite de un amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que cuestionaba las resoluciones que definieron los lineamientos generales de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, con los cuales la administración de Javier Milei y la gestión de Sandra Pettovello reemplazaron el plan social conocido como Potenciar Trabajo en febrero de 2024, que quedó disuelto. Para entonces ya habían dado de baja más de 27.000 planes. En cientos de casos se utilizó información falsa para justificarlo, como en Corrientes donde se acusaba a beneficiarios de trabajar en paralelo para el Estado provincial, lo que hasta la Cámara Federal local dijo que no era cierto.
El discurso en defensa de los nuevos programas fue "generar empleo", pero en realidad, además de haber achicado de entrada el universo de beneficiarios, se generó una segmentación: "Volver al Trabajo" es para menores de 49 años con capacidad de insertarse en el mercado laboral; "Acompañamiento Social" es para mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos, que entrarían en una categoría de no empleables. El monto del ingreso quedó congelado en 78.000 pesos, es decir, fue desvinculado del salario mínimo vital y móvil, lo que lo transformaría en una política regresiva, prohibida por tratados internacionales de derechos humanos.
Se eliminó, además, un "incentivo adicional", de modo que en algunos casos la quita sobre el ingreso representó del 50%. Se supone que son estrategias de inclusión, o así las presenta el Gobierno, pero tienen rasgos que generan expulsión por estas y otras razones que fueron denunciadas.
Fuente: Página 12