El sistema de obras sociales atraviesa una situación crítica debido a la fuerte disparidad entre los aportes de los monotributistas y el costo actual de la atención médica. Así lo planteó el secretario general del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, durante una reunión con el ministro de Salud, Mario Lugones.
Según un informe presentado por el dirigente sindical, el aporte mensual de un monotributista —que ronda los $22.000— resulta insuficiente frente al costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO), que supera los $100.000 por adulto y alcanza los $170.000 en el caso de adultos mayores.
El documento detalla además que ese monto no cubre siquiera prestaciones básicas. Una consulta médica ya supera ampliamente ese valor, mientras que estudios como radiografías oscilan entre $80.000 y $150.000, y análisis clínicos completos pueden costar entre $200.000 y $300.000. A esto se suman intervenciones quirúrgicas, cuyos valores parten del millón de pesos en casos simples, y tratamientos de alta complejidad para enfermedades crónicas, que elevan aún más los costos.
Del encuentro también participó Carlos Pérez, titular de OSECAC, desde donde advirtieron que el sistema no puede sostener indefinidamente este desequilibrio financiero. En ese marco, acercaron al Gobierno distintas alternativas para abordar el problema. Entre ellas, equiparar los aportes de los monotributistas con los de los trabajadores en relación de dependencia o, en su defecto, eliminar directamente el componente de salud dentro de ese régimen.
Cavalieri remarcó que la intención no es excluir a los monotributistas, sino preservar la sustentabilidad del sistema. “Es clave garantizar el acceso a la salud, pero también evitar que la desfinanciación ponga en riesgo la atención de todos los afiliados”, sostuvo.
Actualmente, más de 300.000 monotributistas cuentan con cobertura a través de OSECAC. De no mediar una reforma estructural, advirtió el dirigente, ese universo podría quedar progresivamente fuera del sistema, lo que implicaría una mayor presión sobre el sector público.
El planteo abre un debate de fondo sobre cómo sostener un esquema solidario de salud en un contexto de inflación y aumento sostenido de los costos médicos, sin afectar la cobertura de millones de argentinos.