La mujer que es investigada por la muerte de su beba accedió al arresto domiciliario

El juez Mariano Nicosia dio lugar al pedido del defensor Mauro Fontéñez para que la mujer investigada por el homicidio agravado por el vínculo de su beba, ocurrido el viernes 14 de diciembre, acceda a una permanencia continua en el domicilio de sus hermanos en Kilómetro 8. La prisión domiciliaria le fue otorgada a partir de un informe de una psicóloga que diagnosticó que padece estrés postraumático y que necesita contención familiar para no caer en un pozo depresivo. Un hermano que no trabaja será su cuidador. La joven no podrá tener contacto con los dos testigos.

El juez Mariano Nicosia dictó ayer la permanencia continua en una vivienda de Kilómetro de A.R., la mujer investigada por el homicidio agravado por el vínculo de su beba, ocurrido el viernes 14 de diciembre en su domicilio laboral del Quirno Costa, un delito que prevé prisión perpetua.

Nicosia dio lugar al pedido del defensor particular Mauro Fontéñez, que presentó un informe de la psicóloga Nota Torres que evaluó a la paciente y diagnosticó que padece estrés postraumático y necesita contención familiar para no caer en un pozo depresivo. Así solicitó la prisión domiciliaria de la mujer.

Con esa finalidad el defensor presentó también a los hermanos de A. R. que se ofrecieron a ser garantes de la permanencia en el domicilio. Como la mayoría trabaja, solo uno de ellos que está desocupado fue en quien recayó la responsabilidad de cuidar que su hermana para no salga del domicilio sin la autorización del juez y que no tenga contacto de ningún tipo, personal, telefónico, ni a través de las redes sociales con los testigos hasta el 16 de febrero.

La Fiscalía representada por la fiscal Cecilia Codina y la funcionaria Eve Ponce se opuso al pedido de prisión domiciliaria y consideró que se daban aún los peligros de fuga y entorpecimiento por lo que debía permanecer bajo prisión preventiva para cautelar el proceso.

Sin embargo, Ponce coincidió con la apreciación de la licenciada de Supervisión que realizó un informe social y ambiental y que creía que era necesaria una evaluación por parte del Cuerpo Médico Forense de que A.R. no es peligrosa para sí, ni para terceros. “Es necesaria una evaluación psicológica y psiquiátrica con respecto a la imputada, más allá de una medida de coerción”, dijo la funcionaria fiscal.

“Es un hecho grave, falleció una persona, ese feto, ese bebe nació, respiró, las causales de muerte no están definidas”, argumentó la funcionaria y citó el informe de la médica forense Eliana Bevolo que dio cuenta de que el bebé nació y respiró.

La Fiscalía se opuso a la prisión domiciliaria porque cree que A.R. se puede fugar ante la expectativa de pena y sostienen que las causales de muerte pueden ser dos: “asfixia por confinamiento (que el bebé se asfixió dentro de la bolsa requerida por la imputada a su nena de 5 años) u ‘omisión de cuidado/falta de ligadura del cordón’, que el bebé se haya desangrado o ambas”. Esto se confirmará con los estudios histopatológicos.

“MANIFESTO QUE

NO LO QUERIA”

La imputada “tiene cuatro hijos, de 22, 20 y de 12 y de 5 años, y tiene conocimiento de un parto o un nacimiento de hijo. Ante la hemorragia que la señora no podía manejar, solicita que primero que se llame a uno de sus hijos, no se solicitó llamar a una ambulancia, esta Fiscalía entiende que quería seguir encubriendo el hecho delictivo. Al descomponerse se dio intervención a la Policía, al llamado de la 107. Admite haber estado embarazada, ante la médica de tocoginecología, dijo que lo tenía oculto, que no lo quería, tenía conocimiento de que estaba embarazada, y sabía que era un nacimiento y un parto”, describió Ponce.

“Apenas llegó al hospital manifestó que no quería a la criatura, en estos momentos podemos sostener el homicidio agravado por el vínculo una pena que espera una condena perpetua”, agregó Codina.

Fontéñez dijo que los testigos pueden ser protegidos por la prohibición de acercamiento y que lo mejor para el estado de su asistida era que se aloje en el domicilio ofrecido para un mejor estado psicológico y así poder luego declarar en la causa y aportar datos.

Nicosia indagó entre los hermanos quiénes podían cuidarla y le advirtió a uno de ellos que se ofreció a hacerlo, que no podía conseguir trabajo por lo menos hasta el 16 de febrero porque debería estar abocado a esa función. De contrario se revocará el régimen especial y A.R. volverá a la alcaidía policial.

“La señora es una enferma padece un trastorno psicológico profundo que no puede recuperar si no es afuera del circuito carcelario, y tampoco se la puede internar porque no padece un problema psiquiátrico”, afirmó Nicosia y citó que la Ley Penal privilegia la salud de las personas ante todo. Amparó su decisión en el inciso A del artículo 10 en donde se debe tratar la dolencia de cualquier condenado o imputado.

El 5 de febrero A.R. deberá ser trasladada al Cuerpo Médico Forense para ser sometida a un examen, mientras que el 6 de febrero deberá ser examinada por la psiquiatra Viviana Botha en Puerto Madryn. Mientras que la Comisaría de Kilómetro 8 deberá realizar tres rondines en el día aleatoriamente en la casa donde estará A.R, a fin de verificar que la mujer esté en el domicilio.

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