La muerte de Ángel López (4) derivó en un escenario de alta exposición y conflictividad que trascendió el ámbito judicial para instalarse con fuerza en redes sociales. En ese contexto, la psicóloga Jennifer Leiva fue señalada públicamente por distintas cuentas —principalmente vinculadas a sectores libertarios y discursos antifeministas— como responsable de la situación, en una dinámica marcada por la circulación de información no verificada.
El nivel de exposición escaló durante el fin de semana, cuando se difundió en Google Maps la ubicación de su domicilio particular. Este hecho generó un riesgo concreto para su integridad física y la de su entorno, obligando a la profesional y a su familia a abandonar la vivienda que habitaban.
Aunque la situación no fue formalmente denunciada públicamente, se conocieron detalles que encendieron señales de alerta respecto a posibles episodios de violencia. La divulgación de datos sensibles y el señalamiento directo colocaron a la profesional en una situación de extrema vulnerabilidad.
En paralelo, el diputado Juan Pablo Luque denunció la circulación de fake news que buscan vincular tanto a la psicóloga como a su gestión como exintendente de Comodoro Rivadavia con el caso.
“Es profundamente lamentable que intenten politizar el asesinato de un niño, un hecho que nos duele a todos, y que incluso después de su fallecimiento haya quienes busquen sacar provecho de una tragedia tan dolorosa”, expresó.
El legislador fue más allá y calificó la situación como “de una bajeza sin precedentes”. “Pretender vincularme, a través de fake news, con un hecho de esta magnitud no solo es falso, sino también profundamente irresponsable y cínico. Más aún cuando el servicio de protección depende del gobierno provincial y la Defensoría forma parte del Poder Judicial”, sostuvo.
Asimismo, apuntó contra sectores políticos específicos: “No es casualidad que provengan de un sector claramente identificado de La Libertad Avanza y del entorno del gobernador Ignacio Torres, y que sean replicadas por personas vinculadas políticamente a ese mismo espacio”.
Luque también advirtió que avanzará judicialmente contra quienes difundan este tipo de contenidos: “Quienes difunden estas operaciones deberán hacerse responsables: recibirán las correspondientes cartas documento y demandas judiciales”.
Finalmente, concluyó: “Lo único que queremos ahora es Justicia para Ángel y que su alma pueda descansar en paz”.
El caso expone no solo el impacto de la desinformación en contextos sensibles, sino también los riesgos concretos que puede generar la viralización de datos personales en escenarios atravesados por la violencia digital.