Pasaron más de cuatro años desde que una comitiva del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Chubut ingresara en el domicilio de Martín Alejandro John, más conocido como “Tino”, en el paraje Las Golondrinas y se produjera el homicidio. Hoy, el inicio de su juicio por jurado fue suspendido, generando suma preocupación por el riesgo de que el caso prescriba y los acusados queden impunes.
Tino, de 63 años, era un paciente psiquiátrico y, de acuerdo con los testimonios, al momento del disparo fatal se encontraba calmado. Tras el hecho, tres policías fueron llevados a juicio acusados de homicidio. Sin embargo, el proceso enfrenta un nuevo obstáculo.
La semana pasada se conoció que la justicia suspendió el inicio del juicio por jurado que estaba programado para este martes 16 de septiembre en Lago Puelo. La medida respondió a un pedido de la defensa de los imputados, que presentó una queja el 8 de septiembre.
En contacto con EQSNotas, Claudia Costa Basso, viuda de Tino, explicó: “Ya estaba todo listo para el juicio que empezaba hoy, pero pidieron la suspensión porque iba a ‘perjudicar la paz social’. Mi abogado Alfredo Pérez Galimberti y el defensor público jefe de Esquel, Marcos Ponce (querella), presentaron un escrito pidiendo una fecha para el juicio en Esquel y no esperar toda la agenda, porque se vencen los plazos”.
Los abogados advirtieron al juez Carlos Ennis que las demoras procesales no son achacables a las víctimas. En su escrito, detallaron “la reticencia del fiscal a cargo de la investigación preparatoria, Carlos Díaz Meyer, que demoró un año y medio en requerir la apertura formal del caso, para luego instar el sobreseimiento del imputado Maggione y resistir la apertura respecto de Soto y Martínez, lo que motivó su apartamiento y reemplazo por el fiscal Martín Robertson”.
La carrera contra el reloj: el riesgo de la prescripción
El mayor riesgo que plantea esta nueva dilación es la posible prescripción de la causa para uno de los acusados. Los imputados son el sargento Luis Moggiano, acusado de homicidio agravado por su condición de policía (que enfrenta una pena de prisión perpetua), y los comisarios Cristian Soto (exjefe del GEOP) y Omar Martínez (exjefe de la Comisaría de El Hoyo), acusados de homicidio culposo.
Respecto de Moggiano, el plazo máximo para su proceso vence el 16 de noviembre. Si el juicio no se celebra antes de esa fecha, el Código Procesal establece que podría quedar sobreseído por el vencimiento de los tres años que fija como duración máxima del procedimiento.
Frente a este escenario crítico, los representantes de la querella fueron contundentes: “De ninguna manera es justificable que la Oficina Judicial de Esquel tenga un orden de juicios programado que impida que este caso se ponga en grilla inmediatamente, vista las consecuencias de tal demora”. Y agregaron: “Toca al señor juez hacer prevalecer el derecho de las víctimas a la determinación de las responsabilidades que corresponden a los acusados”.
Los letrados enfatizaron que una demora adicional vulneraría derechos fundamentales. “Si el Tribunal no adopta medidas oportunas para encauzar el trámite, sin duda se vulnerará el derecho a la tutela judicial efectiva, a la protección de la víctima y al plazo razonable de juzgamiento”, dijeron, en contacto con diario Jornada.
Recordaron, además, que Tino John “era una persona con trastorno psiquiátrico diagnosticado, por lo que el Estado tiene un deber reforzado de garantía y protección”. En este sentido, señalaron que “la demora del proceso agrava la situación de desprotección y puede constituir trato discriminatorio por omisión, al no brindar una respuesta rápida y adecuada frente a una violación grave de derechos humanos”. “Y en este caso, tratándose de un enfermo mental que ha sido muerto en un contexto de inusitada violencia policial, la exigencia es mayúscula”, subrayaron.
Tras la audiencia, el juez Carlos Ennis dio lugar al pedido de la querella y ahora se espera el sorteo del nuevo jurado. Cabe recordar que unas 200 personas habían sido seleccionadas en la comarca para integrar el tribunal popular. La lucha por justicia para Tino John ahora depende de la celeridad de un sistema judicial que corre contra el tiempo.