El empresario de la aviación Sergio Mastropietro, investigado como un engranaje clave del presunto circuito financiero de sobreprecios y sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), logró no entregar su teléfono en un procedimiento judicial porque la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Dirección de Migraciones demoraron hacerle la requisa que había ordenado el juez Sebastián Casanello.
De acuerdo con la información a la que accedió La Nación de fuentes conocedoras del hecho, agentes de los dos organismos debían secuestrarle sus dispositivos cuando Mastropietro llegara de Estados Unidos a Aeroparque, pero eso nunca sucedió.
Según informaron fuentes que conocieron los movimientos de Mastropietro, el empresario viajó el sábado 15 de Miami a Buenos Aires en un avión privado. Su plan de vuelo era directo entre ambas ciudades. A su llegada, los oficiales tenían la orden de llevar a cabo una requisa. Todo se demoró porque la aeronave que lo traía desvió inesperadamente su rumbo e hizo una parada intermedia en Tucumán. Allí, Mastropietro hizo una llamada cuyo destinatario aún es desconocido.
Cuando llegó al Aeropuerto Jorge Newbery, los agentes de la PSA y Migraciones debían realizar el procedimiento, pero lo dejaron ir. Al enterarse el juzgado de la situación, los organismos buscaron frenar la marcha de Mastropietro, que ya había salido del aeropuerto. Lo corrieron y cuando le solicitaron sus dispositivos, dijo que había dejado el celular en un lugar y que desapareció. Un relato poco verosímil, transmitieron los agentes a la Justicia.
DEPENDEN DE BULLRICH
La Nación se comunicó con el Ministerio de Seguridad, que depende de Patricia Bullrich y que tiene a su cargo la PSA y Migraciones. En el ministerio derivaron la consulta a la PSA, organismo en el que dieron la siguiente versión: “El pasajero pasó por Migraciones. Después de que se fue, este organismo se dio cuenta de que tenía una restricción. Migraciones fue a buscar al pasajero y llamó a PSA. PSA llamó al juzgado. Cuando se hizo la requisa en búsqueda de elementos electrónicos, el señor no tenía nada. El juzgado ordenó que el pasajero se vaya y que los registros fílmicos de los movimientos de esta persona en el aeropuerto sean entregados a la Policía Federal Argentina”.
Un funcionario vinculado al caso dijo que Migraciones, en cambio, cuestionó a la PSA por no haber colaborado lo suficiente. Lo cierto es que Comodoro Py nunca se hizo de los dispositivos del empresario y la situación podría ser objeto de una denuncia.
Esto sucedió cuando todavía está pendiente de investigación lo ocurrido con la llegada al país, a fines de febrero, de otro avión privado, también procedente de Miami, que transportaba a Laura Arrieta, empleada de Leonardo Scatturice, empresario cercano al gobierno libertario a través de Santiago Caputo. Luego de que Carlos Pagni revelara que las diez valijas que transportaba no fueron revisadas, el Gobierno negó los hechos hasta que se conocieron las imágenes de las cámaras del aeropuerto, que constataron que intervino alguien de la Aduana, que aparentemente autorizó el paso sin el control correspondiente.
HISTORICO SOCIO DE FRED MACHADO
La causa por corrupción en la Andis reveló, según la fiscalía, un sistema de direccionamiento de compras, licitaciones armadas, proveedores favorecidos y retornos sistemáticos. En ese circuito fue determinante Mastropietro, de acuerdo con la reconstrucción del fiscal Franco Picardi. El empresario es, además, un socio histórico de Fred Machado, el financista de la campaña de José Luis Espert que fue extraditado y hoy está a un paso de un juicio por narcotráfico en Estados Unidos.
De acuerdo con el dictamen de Picardi, Mastropietro operó como receptor, administrador y presunto legitimador de fondos provenientes del núcleo que encabezaba Miguel Ángel Calvete dentro de la Andis. Ese grupo, con vínculos con funcionarios y con el propio Diego Spagnuolo, manejó durante meses el flujo interno de recursos derivados del direccionamiento de contrataciones del programa “Incluir Salud”. El extitular de la agencia visitó en varias oportunidades a Mastropietro, reforzando la hipótesis de un circuito político-operativo detrás de los movimientos económicos.
La evidencia más sólida que compromete a Mastropietro surgió de su relación con Baires Fly S.A., una empresa de aviación privada (de la cual sería el avión que lo trajo de EE.UU.). El 10 de septiembre de 2025, Calvete le envió cinco archivos con transferencias por cientos de millones de pesos provenientes de droguerías sospechadas de haber sido favorecidas por el sistema de compras direccionadas: Profarma S.A., Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L. Acto seguido, Mastropietro emitió facturas desde Baires Fly a esas mismas firmas por montos calcados, bajo un concepto uniforme: “Compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”. Para la fiscalía, esa estructura tenía una funcionalidad evidente destinada a dar apariencia lícita a dinero de origen irregular.
NEXO CON RIO NEGRO
El nexo con Río Negro también llamó la atención de los investigadores. El dueño de Baires Fly, Luis Grande, fue piloto de la gobernación provincial y tanto Fred Machado como la diputada Lorena Villaverde -señalada por su cercanía con el presunto narco- tienen fuerte arraigo en esa provincia.
En paralelo, información de inteligencia enviada desde el Ministerio de Seguridad a Homeland Security indicó que Machado y Mastropietro no solo compartieron sociedades y vuelos privados, sino que también tuvieron un mismo domicilio en Juez Tedín 2860, en la Ciudad de Buenos Aires. Esa coincidencia reforzó la visión de un vínculo estable entre ambos, reflejado además en los viajes que realizaron juntos: vuelos privados hacia Estados Unidos en 2016 y hacia Perú en 2019 con pasajeros de múltiples nacionalidades.
Los registros ubicaron a Mastropietro como parte del círculo de confianza de Calvete. Era uno de los interlocutores habituales a quienes consultaba la disponibilidad de dinero en efectivo y formaba parte de una red interna donde también aparece Alan Pocoví.
Su conexión no se limitó a Calvete: durante 2025, Mastropietro visitó dos veces el domicilio privado de Spagnuolo, en Altos de Campo Grande. En ambas oportunidades, se verificó la presencia casi simultánea de Calvete y de su pareja, Guadalupe Ariana Muñoz, responsable del manejo del efectivo para la organización. Esa coincidencia temporal fue interpretada por los investigadores como indicio de reuniones donde se definían estrategias financieras y decisiones vinculadas al reparto del dinero obtenido del esquema de sobreprecios.
El mapa societario también aportó elementos sospechosos. En 2018, Mastropietro creó Megastática S.A.S. junto a Lorena Di Giorno, funcionaria de la propia Andis. La sede de esa firma coincidía con el domicilio de Indecomm S.R.L., sociedad conectada a Calvete. Para la fiscalía, ese entramado de empresas interrelacionadas funcionaba como soporte administrativo para canalizar recursos.
La estructura se tornó más evidente durante los allanamientos del 9 de octubre de 2025. Los mensajes recuperados muestran cómo, ante la irrupción judicial, Calvete intentó mover dinero a través de Mastropietro y Pocoví. Incluso ordenó contactar a otro miembro del grupo para ejecutar una transferencia que finalmente no se concretó. Para los investigadores, esa secuencia exhibió el rol asignado a cada integrante ante un escenario de crisis.
El origen del dinero estaba siempre ligado al corazón del esquema: compras direccionadas de medicamentos e insumos Pacbi a un grupo limitado de proveedores -entre ellos, Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A.-. En las compulsas acotadas analizadas, Profarma y Génesis concentraron más del 93% de las órdenes por montos que superaron los 30.000 millones de pesos, afirmó el fiscal. Parte de esos fondos volvía en retornos a funcionarios como Spagnuolo, Daniel Garbellini, Eduardo González y Di Giorno, de acuerdo con la investigación de Picardi.
Otra parte alimentaba el circuito de triangulación operado por Mastropietro y Pocovi, donde las facturas de Baires Fly jugaban un papel central.
Fuente: La Nación