El fiscal general Abel Córdoba afirmó que el juicio del tercer tramo de la causa ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), cuyo veredicto se conocerá el miércoles, finalizará “con la mayor cantidad de pruebas producidas en un debate por crímenes de lesa humanidad” dado el número de víctimas y de imputados, que convierten en el mayor proceso judicial de la historia argentina.
En el ESMA III se juzga por primera vez la responsabilidad de los aviadores de la Armada y de la Prefectura en el mecanismo de exterminio de personas arrojándolas vivas al río o al mar, denominados “vuelos de la muerte” y entre los imputados se encuentran represores tristemente célebres como Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta y Ricardo Cavallo.
“Por la solidez de la acusación, la contundencia y la cantidad de pruebas presentadas no debería haber absueltos, pero cuando uno comienza un juicio sabe que nada tiene asegurado”, dijo el fiscal en una entrevista con Télam al referirse al veredicto esperado para el miércoles del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5.
Córdoba es uno de los cuatro fiscales que representaron al Ministerio Público en el debate iniciado el 28 de noviembre de 2012 en los tribunales de Comodoro Py.
Asumió como fiscal del proceso en agosto de 2015 en lugar de Guillermo Freile, aunque desde 2004 estuvo dedicado desde su profesión de abogado a causas de violaciones a los derechos humanos.
“Dimos por probado que era una de las modalidades de exterminio de personas en ese centro clandestino. Da cuenta de una voluntad sostenida y desmesurada de lograr impunidad mediante la desaparición del cuerpo teniendo a disposición aeropuertos, aviones, traslados, profesionales que adormecían a las víctimas”, relató.
Según Córdoba, el sistema les aseguraba a los responsables “mayor grado de impunidad porque en un vuelo de la muerte no hay sobrevivientes ni testigos. Sólo hay testigos de los ‘traslados’ que daban cuenta de que eran subidos con vida”.
“Esa metodología les posibilitaba el exterminio con pretensión de impunidad”, sostuvo al detallar la larga lista de pruebas aportadas como “planillas analizadas con legajos, recorridos de los aviones, horarios que salían y volvían al mismo lugar siempre por la noche”.
En su fallo, el Tribunal deberá pronunciarse por los cuatro casos de delitos sexuales denunciados durante el juicio, que la fiscalía definió por fuera de la calificación de “tormentos” y los tipificó como “agresiones sexuales”.
Desde su pequeño despacho poblado de biblioratos y carpetas, el fiscal subrayó que los juicios iniciados luego de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final “transformaron al sistema judicial en algo que no era” porque “nunca en los estrados judiciales se habían pronunciado sobre masacres masivas y exterminios que habían ocurrido en la historia del país”.
En cuanto al desarrollo y las características del debate, destacó: “no pudo hacerse sin el trabajo en equipo” que se formó, que tuvo involucradas a entre 8 y 12 personas, y que permitió cumplir con “un rol procesal y humano” ante las víctimas.
UN ROL CENTRAL
“Tenemos muy claro que el rol del Ministerio Público Fiscal en casos violaciones masivas de los derechos humanos es central. No se comprende a fondo la vivencia del tormento, lo que implica la desaparición en términos permanentes, la supresión de la identidad, el homicidio, ser víctima de un aparato estatal, sin un equipo que nos ha permitido acercarnos a las víctimas”, resaltó el funcionario del Ministerio Público.
Para Córdoba, el debate permitió a los fiscales “estar seguros de haber evitado lo que es una tentación en las prácticas inquisitivas dentro del sistema judicial que es considerar a la víctima como alguien a quien hay que extraerle una verdad o testimonio. Eso es nocivo para la víctima y no sirve”, aseguró.
“Pudimos acompañar un proceso de comprensión y generar espacios donde la víctima puede expresar su dolor y así resignificar la función de la justicia. Lo que más nos satisface en un juicio de estas dimensiones donde además de la labor técnica clásica de dar significación jurídica, es la legitimidad que las propias víctimas le otorgan a la justicia y sin la cual sería un ámbito muy devaluado”, destacó.
Como integrante del equipo de fiscales en causas de derechos humanos, Córdoba entiende que forma parte de una generación que ha sido “transformada por los juicios”.
“Nos hemos involucrado en los hechos y tenemos muy en claro que estos procesos tienen una interacción muy grande con las víctimas, los organismos de derechos humanos y quienes desde distintos lugares han impulsado estos procesos que terminan sustentando el sistema democrático”, reflexionó.
El juicio Esma III se caracterizó por no contar sólo con el testimonio de testigos y sobrevivientes, sino que se valió de informes, documentación, filmaciones y reconocimientos “in situ”.
“El testigo es relevante en la valoración como elemento central pero la existencia de imágenes como las que pudo tomar Basterra (Víctor, sobreviviente de la ESMA) nos parecen centrales porque son uno de los elementos de ruptura de los campos de concentración como espacios”.
“Cuando el testimonio está corroborado con imágenes y sonidos, dan referencia real, fortalece el testimonio. Es dar entidad real a un testimonio veraz”, resaltó Córdoba al puntualizar que la vivencia de las víctimas que sobreviven a esos lugares “es muy nítida y tiene gran relevancia”.