El viernes se llevó adelante la audiencia de control de detención y apertura de la investigación por presuntas adjudicaciones irregulares de unidades habitacionales del Instituto Provincial de la Vivienda que tiene como imputada a Griselda Jonás.
El fiscal solicitó que se declarara legal su detención y que se le formalice el ilícito investigado bajo la calificación legal provisoria de “exacciones ilegales en modalidad de conclusión, en calidad de partícipe necesaria; en concurso real con asociación ilícita en carácter de organizadora”.
El acusador público pidió la prisión preventiva de la imputada por tres meses; en tanto que la defensa cuestionó el hecho y la calificación legal; y pidió su libertad o bien su arresto domiciliario. Finalmente, el juez penal resolvió dar por formalizado el hecho y dictó la prisión preventiva de Jonás por el término de un mes.
Según el fiscal Iturrioz, pedían entre 150 mil y 300 mil pesos para adjudicar viviendas del IPV. Los cabecillas de la banda son dos funcionarios que todavía no pudieron ser identificados, afirmó en la audiencia el acusador público.
ACCIONES LEGALES CONTRA EL COMUNICADOR DE TRELEW
En el marco de la causa, Jose Teodoro Gómez - periodista y conductor de Radio Ciudad- de Trelew- en su cuenta personal de Facebook dejó entrever que el viceintendente de Comodoro Rivadavia Othar Macharashvili mantendría un vínculo con la sospechosa de pedir coimas en el IPV.
Macharashvili, en las últimas horas, a través de sus redes sociales salió a desmentir tal versión y aseguró que iniciará acciones legales contra el comunicador del Valle.
“Habiendo tomando conocimiento de la viralización de una publicación en redes sociales, en la cual se me vincularía con una persona investigada por un delito contra la administración provincial, niego y repudio tal información por ser totalmente falsa” expresó el funcionario.
El viceintendente de la ciudad petrolera sostuvo que “es lamentable que, en el contexto que hoy vivimos, existan sectores locales y provinciales que sólo busquen desinformar y entorpecer el actuar de la justicia frente a un hecho absolutamente repudiable” y como consecuencia aseveró que “Dicho proceder me obliga a tener que accionar legalmente contra la fuente que obró difamando mi honor, por estar generando un daño irreparable en mi persona.