Mariel Suárez, una jueza con antecedentes polémicos

Hace más de ocho años la jueza sorteó un juicio político. Entre otras acusaciones, se le atribuía difundir entre sus alumnos de Derecho un expediente de abuso como objeto de estudio, donde la víctima –menor de edad- aparecía con nombre e imagen.

Mariel Alejandra Suárez es jueza penal en Comodoro Rivadavia y ejercía en 2013 como docente de Práctica Profesional II, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Entre el material de estudio que facilitó a sus alumnos, difundió el expediente de una causa por abuso sexual a una menor de edad. Los estudiantes podían ver fotos de la nena y del abusador, copias de sus DNI, informes psicológicos y del servicio de Asistencia a la Víctima, pruebas de ADN y hasta direcciones y teléfonos. Los mismos alumnos hicieron la denuncia y la fiscalía ordenó secuestrar todo el material. Pero entonces las copias ya se habían agotado en la fotocopiadora del Centro de Estudiantes. La fiscalía sólo pudo secuestrar el material que había dejado la docente.

Al enterarse de lo ocurrido, la fiscal general Elisa Liliana Ferrari decidió intervenir. La Agencia de Investigaciones y Delitos Complejos pidió un listado completo de los alumnos que cursan la materia con ella y que serían alrededor de veinte. Se entrevistó con la presidenta del Centro de Estudiantes y la responsable de la fotocopiadora. Desde la facultad, el decano Dardo Petroli dijo que se abrió un expediente administrativo para investigar las responsabilidades.

“MENTALIDAD DE BUENOS AIRES”

Según publicó en su momento Infojus, la entonces presidenta del centro de estudiantes, Julia Pérez Botel, afirmaba que desde el punto de vista de la enseñanza “no se puede decir que Suárez sea mala profesora, pero vino con la mentalidad de Buenos Aires y no entiende que en Comodoro hay otra dimensión, mucho más reducida”.

Según trascendió, la víctima del abuso estaba considerando emprender medidas legales privadas contra Suárez, ya que el incumplimiento como funcionaria pública de la jueza la puso en situación de vulnerabilidad.

Por entonces la jueza estaba bajo la lupa desde antes. Quince días antes el Consejo de la Magistratura había declarado, por unanimidad, su mal desempeño. Fue independientemente del caso de abuso sexual como material de estudio. Después de tres años de ejercicio en el cargo, Suárez debió enfrentar al Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por dos diputados, dos abogados y un representante del Poder Judicial que evaluó la información elevada y determinó si correspondía –o no- el juicio político a y su destitución.

Las tres razones que llevaron a la jueza esta situación se relacionan con “el reiterado apartamiento de la doctrina judicial sentada por el Superior Tribunal de Justicia, sin dar argumentos que avalen tal proceder, con claro perjuicio al servicio de justicia; asunción de actividades procesales que evidencian una confusión de roles que diferenciadamente asigna el Código, y confusión conceptual entre evidencia y prueba, lo que trasluce incomprensión de principios que gobiernan el proceso penal”.

A Mariel Suárez se le reprochaba haber participado de allanamientos siendo magistrada, algo que se consideraba un exceso en sus funciones -cuando la etapa de investigación debe ser llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal- y hacía correr el principio de legalidad de los procesos de instrucción. Por estos hechos su caso fue elevado al Tribunal de Enjuiciamiento.

En abril Suárez también había tenido un entredicho con el intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, quien había dicho a la prensa que la jueza liberaba presos “por teléfono” y había advertido que sumaría argumentos para su enjuiciamiento.

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