El 7 de noviembre de 2014, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada había anunciado un corte de suministro de agua potable por un lapso de 30 horas debido a inconvenientes de carácter técnico producidos en una estación de bombeo del sistema de acueductos y también con el objetivo de recuperar reservas. Sin embargo, el corte terminó extendiéndose por más de 80 horas y la comunidad se anotició de los motivos de tamaña interrupción cuando ya retornaba el bombeo.
Según detalla la denuncia presentada ante la Justicia, un informe del personal técnico de la SCPL da cuenta que el viernes 7 de noviembre se habrían detectado fallas sobre línea 132 kv que alimenta sistema del acueducto, rotura de herraje por viento fuerte, cuya reparación fue efectuada por la empresa Transcue SA, firma controlada por la SCPL de Comodoro Rivadavia.
La reparación se efectuó entre las 16 y las 22:20 de ese viernes en que el ingeniero Jorge Palmieri se comunicó con el jefe del acueducto Jorge Depetri, quien le informó que no podría proceder al llenado del acueducto porque el personal afectado a esas tareas se encontraba en retención de servicios.
El corte de agua se extendió entonces por un lapso de más de 80 horas, limitando además los servicios indispensables de los ciudadanos como asistencia en hospitales que sólo disponían de atención de urgencia, escuelas sin dictado de clases, atención al público paralizada en varios lugares y riesgos sanitarios imprevisibles.
Así, el fiscal de Estado, Miguel Montoya denunció que el dolo se configura cuando, teniendo pleno conocimiento del estado de situación que acontecía, el sindicato decidió llevar adelante diferentes acciones que impidieron el suministro de agua potable, a sabiendas del daño que se ocasionaría agravando el estado de situación descripto y del cual el mismo tenía conocimiento por ser aquel público y notorio.
El escrito legal detalla que las acciones desplegadas por el sindicato consistieron en: toma de camiones y máquinas sin autorización de la patronal el viernes 7 de noviembre por parte del personal de la SCPL, que se manifestó en las calles céntricas comodorenses, interrumpiendo el tránsito e impidiendo la normal circulación.
También señala el quite de colaboración por supuesto incumplimiento del convenio por reclamos que venían desde hace ocho años, y por ingreso de personal y algunas excentricidades como una base nueva que costaría $42.000.000, es decir hacer un planteo de imposible resolución, para producir una medida de carácter extorsivo teniendo de rehén a tres ciudades y 500.000 habitantes.
También se denuncia la ausencia de guardia mínima debido a que, por orden del mismo sindicato, estaba todo el personal con restricción de servicios. "Siendo el agua potable un servicio vital para la comunidad es inadmisible que no se cuente con una guardia mínima capaz de sortear inconvenientes de extrema necesidad", se subraya.
"Dichas medidas fueron decididas sólo en miras a intereses privados, y desatendiendo las necesidades primarias de la comunidad, y solo en pos de obtener respuesta favorable a reclamos de índole laboral, es decir en su beneficio exclusivo y que no tuvieron solución lo que indicaría que a la culminación de la conciliación obligatoria se reiniciarían las medidas de fuerza sin que esté debidamente establecido si le asiste el derecho laboral señalado para llevar adelante las medidas, es decir si existe incumplimiento convencional", plantea la denuncia.