La decisión fue adoptada por la jueza penal Lilian Borquez, quien hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y autorizó la apertura formal de la investigación, pese a la oposición de la defensa.
Según expuso la fiscalía, el hecho se remonta al 26 de noviembre de 2025, cuando personal de la Seccional Quinta, junto con agentes del área de Veterinaria Municipal, intervino en un domicilio tras una denuncia por posible maltrato. En ese contexto, constataron que un cachorro mestizo de aproximadamente ocho meses —identificado como “Merlín”— se encontraba en el patio delantero, dentro de un refugio precario, sin movilidad, con signos de desnutrición avanzada y en estado de abandono.
Ante esta situación, se dispuso su rescate urgente debido al riesgo inminente para su vida. No obstante, días después, el 9 de diciembre, el animal falleció como consecuencia del grave deterioro de su estado de salud.
En función de estos elementos, la acusación sostiene que la imputada habría incurrido en maltrato y sufrimiento innecesario, al omitir brindarle alimentación adecuada, atención veterinaria y condiciones mínimas de bienestar.
Por su parte, durante la audiencia, la imputada manifestó que el perro había sido encontrado en la vía pública en malas condiciones y que, ante dificultades personales, no supo cómo actuar. En la misma línea, la defensa se opuso a la apertura de la investigación y planteó que en el domicilio residían otros adultos, por lo que cuestionó la atribución exclusiva de responsabilidad.
Sin embargo, la magistrada consideró que los elementos presentados por la fiscalía resultan suficientes para dar inicio a la investigación penal y garantizar el derecho de defensa de la imputada en esta etapa del proceso.
De este modo, la causa continuará su curso bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, en un caso que vuelve a poner en debate la responsabilidad en el cuidado de animales y las consecuencias legales del maltrato.