La decisión del máximo tribunal bonaerense valida además las multas millonarias aplicadas por el Ministerio de Trabajo y refuerza la potestad del Estado para controlar y regular nuevas formas de empleo en la economía digital.
El eje: la “primacía de la realidad”
En su argumentación, los jueces apelaron al principio de primacía de la realidad, que establece que lo determinante no es cómo las empresas definen el vínculo, sino cómo se desarrolla en la práctica.
En ese sentido, el tribunal sostuvo que, al existir prestación de servicios, se presume la existencia de un contrato laboral. A partir de allí, correspondía a las empresas demostrar lo contrario, algo que —según el fallo— no lograron.
Multas confirmadas y diferencias entre casos
En el caso de Rappi, la Corte rechazó todos los recursos presentados por la empresa, dejando firme una multa superior a 16 millones de pesos, además de las costas judiciales. También avaló las inspecciones realizadas en la vía pública, al considerar que es el ámbito natural donde se desarrolla la actividad.
Por su parte, en la situación de PedidosYa, el tribunal confirmó la existencia de relación laboral en la mayoría de los casos, aunque ordenó revisar ocho situaciones particulares donde la empresa había negado el vínculo desde el inicio del proceso.
Un fallo con impacto nacional
Desde el ámbito oficial, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, calificó la resolución como un “hito” en la defensa de los derechos laborales, en un contexto donde se debate la regulación del trabajo en plataformas digitales.
Más allá de los casos puntuales, el fallo sienta un precedente que podría influir en futuras demandas e inspecciones en todo el país, poniendo en discusión el modelo de negocios de estas aplicaciones y el encuadre legal de miles de trabajadores.
La decisión abre así un nuevo capítulo en el debate sobre empleo, derechos laborales y economía digital en la Argentina.