Lo que comenzó como un reclamo de justicia por la muerte de un menor derivó en un fuerte cruce entre instituciones locales y el abogado mediático Roberto Castillo, quien arribó a la ciudad durante la madrugada del lunes.
La polémica se desató luego de que el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia difundiera un comunicado oficial. En el documento, la entidad presidida por Pedro Ferreira expresó su pesar por el fallecimiento del niño y reclamó el avance de una investigación “efectiva”.
Sin embargo, el eje del conflicto surgió a partir de dos planteos puntuales. Por un lado, el Colegio manifestó su preocupación por los “escraches” en redes sociales dirigidos contra el juez de Familia Pablo José Pérez y la asesora Verónica Roldán, al considerar que este tipo de acciones atentan contra el Estado de Derecho.
Por otro, Ferreira cuestionó públicamente la intervención de Castillo como representante de la familia, al sostener que el letrado no cuenta con matrícula habilitante en la provincia del Chubut.
“Los reclamos deben canalizarse por vías institucionales, garantizando el derecho de defensa y el principio de inocencia”, remarcaron desde la institución.
LA REPLICA
Lejos de descomprimir la situación, Castillo respondió con dureza a través de sus redes sociales. “Rechazo la inconducta del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia”, expresó en su cuenta de Instagram.
El abogado acusó a la entidad de actuar de manera corporativa para obstaculizar el avance de la causa y aseguró que se están realizando “múltiples esfuerzos” para silenciar a la familia de la víctima. Además, denunció presiones directas para que abandone su intervención en el caso.
En este contexto, Lorena Andrade –madre de crianza de la víctima fatal- fue tajante al señalar que el intento de apartar a Castillo responde a una voluntad de mantener el control sobre los procesos judiciales en la ciudad. “Están exigiendo que nuestro abogado nos deje desamparados en Comodoro para que ellos puedan seguir haciendo lo que se les canta con todos los nenes”, sentenció, vinculando el caso de Ángel con otras realidades que salieron a la luz durante las marchas de protesta, en donde los fallos judiciales son muy polémicos, sobre todo a la hora de inclinarse por alguna de las partes en cuestiones de tenencia de menores. “Piensan más en los deseos de los mayores que en los de los propios menores”, se afirma.
Según Andrade, desde la entidad estarían actuando en forma corporativa para “proteger a los auxiliares y jueces de familia cuestionados”.