Además solicita al Poder Judicial que intervenga garantizando el derecho a la libre circulación de bienes y personas, por rutas y caminos provinciales y nacionales, “que habitualmente se ve avasallado por las metodologías de protesta adoptadas”.
En sus fundamentos, la diputada indicó que los jóvenes que egresen este año de la educación media pública habrán tenido 430 días menos de escolarización, desde que ingresaron en el año 2006 al nivel inicial, debido a conflictos gremiales, “esto equivale a casi dos años y medio sin clases”.
La legisladora sostuvo que por el mismo motivo, los niños que terminan este año del sexto grado de la educación primaria pública habrán tenido 340 días menos de escolarización, desde que ingresaron en el año 2012 al nivel inicial, “equivale a casi dos años sin clases”.
La diputada dejó en claro que de ninguna manera piensa soslayar la legitimidad del reclamo de los docentes, “pero abre interrogantes acerca de las formas en que deberían ser llevadas adelante las medidas de fuerza de modo de no hipotecar el futuro de 172000 niños y jóvenes, y con ellos de la provincia toda, evitando acentuar desigualdades sociales, e inclusive regionales, que se derivarían como consecuencias lógicas de tantas horas de clases perdidas”.
No duda que la educación es un servicio público esencial que debe ser prestado por la importancia que reviste para la sociedad, “pero debemos preguntarnos sobre el mundo que le estamos dejando a nuestros niños, especialmente en el sentido de los valores. Es por esto que tenemos que pensar la salida de la crisis actual cuidando de no excluir a nuestros niños y jóvenes del derecho al desarrollo”.
Recordó las palabras del secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Santiago Goodman cuando dijo: “que los estudiantes aprendan a luchar es muchísimo más importante que saber la raíz cuadrada de las cosas”, lo que para la legisladora resume de manera categórica el paradigma que subyace en las motivaciones del accionar gremial docente que dice defender la educación pública.
Recordó que Chubut ha destinado recursos para que durante 430 y 340 días, gremialistas con fuertes intereses políticos y personales eduquen en la “lucha a nuestros jóvenes”, y puso como ejemplo que entre el 2012 y el 2019, mientras la matricula se incrementó en 19,85%, la cantidad de horas cátedra 34%, y la planta de auxiliares de educación un 91,69%.
Navarro se preguntó: “si dos años sin clase, recibiendo instrucción para la lucha será suficiente para que los alumnos alcancen el pleno desarrollo de la personalidad humana, su será suficiente para asegurar un progreso igualitario o suficiente para lograr los objetivos de sacar a los chubutenses de la pobreza y la marginación”.
La diputada comodorense agregó que ante la crisis que está atravesando el sistema educativo a causa de los excesos en las medidas de fuerza gremiales, de docentes auto convocados y las tomas de colegios por los alumnos, “requiere de la intervención del Poder Judicial a los efectos de mediar y disponer las medidas jurisdiccionales a fin de garantizar el derecho a la educación”.