El abogado Roberto Castillo, en representación de Luis Armando López, padre de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció el 6 de abril en el Hospital Regional, presentó una ampliación de la denuncia penal en la que solicita la imputación y detención de los principales involucrados, además de medidas contra funcionarios judiciales y del sistema de protección de menores.
Según el escrito presentado, la querella sostiene que la muerte del niño “no fue un accidente, sino el resultado de una cadena de violencia, negligencias y omisiones que habrían expuesto al menor a una situación de riesgo extremo”.
En la ampliación, el abogado solicitó la “imputación y detención inmediata de Maicol González”, padrastro del niño, como presunto autor material del hecho. La calificación legal propuesta es la de “homicidio agravado y abandono de persona seguido de muerte”.
También se pidió imputar a Mariela Beatriz Altamirano, madre biológica del menor, como “coautora por omisión impropia, bajo la figura de homicidio agravado por el vínculo y abandono de persona seguido de muerte”.
“PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE FUNCIONARIO”
Asimismo, la presentación incluye acusaciones contra funcionarios del ámbito judicial y de protección de la niñez. En ese sentido, se solicitó investigar al juez de Familia Pablo José Pérez, a la licenciada Jennifer Leiva —del Servicio de Protección— y a la asesora de Familia Verónica Roldán, por “presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona”.
De manera paralela, se aclaró que la solicitud de detención de los principales imputados también está siendo impulsada por la Fiscalía en el marco de la investigación en curso.
La querella sostiene que existían antecedentes previos que advertían sobre una situación de riesgo para el niño. Entre ellos, se menciona que la madre biológica habría perdido anteriormente la tenencia de otro hijo por presuntos hechos de maltrato en otra provincia.
Además, se cuestiona una decisión judicial adoptada en noviembre de 2025, mediante la cual se otorgó la custodia del niño a su madre biológica, pese a que anteriormente se habría rechazado en reiteradas oportunidades por considerarse un entorno no seguro.
Otro de los puntos señalados refiere a una audiencia realizada el 9 de febrero de 2026, donde el niño habría manifestado su deseo de permanecer con su madre de crianza. Sin embargo, según la denuncia, no se habrían adoptado medidas de protección posteriores.
También se menciona que el 9 de marzo de 2026 se dictó una medida perimetral que habría impedido el contacto del niño con su padre y su entorno previo, lo que —según la querella— lo dejó en una situación de aislamiento.
En cuanto a los elementos médicos, el escrito destaca que la autopsia habría revelado lesiones traumáticas craneales incompatibles con una muerte natural, lo que reforzaría la hipótesis de una muerte violenta.
CUATRO TESTIGOS
La ampliación de la denuncia incluye la propuesta de cuatro testigos considerados clave por la querella. Entre ellos se menciona a una mujer que habría escuchado discusiones en las que la madre del niño le reprochaba al padrastro agresiones físicas.
También se incorpora el testimonio de un locador que habría escuchado gritos y observado humo el día del hecho, lo que podría indicar la posible quema de prendas vinculadas al menor.
Asimismo, se suma el relato de una testigo que habría presenciado el traslado del niño al hospital y sostuvo que el menor habría sido enviado solo en una de las ambulancias.
Otro testimonio apuntaría a antecedentes previos de maltrato hacia otro hijo y a un supuesto plan de fuga hacia otra provincia.
En el escrito, la querella solicitó la prisión preventiva para Maicol González y Mariela Altamirano por considerar que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
También pidió la prohibición de salida del país para ambos imputados, la apertura de un Jury de Enjuiciamiento contra el juez interviniente y la aplicación de sanciones disciplinarias ante el Colegio de Psicólogos para la profesional del área de protección mencionada en la denuncia.
La causa continúa en etapa investigativa y se aguardan definiciones judiciales en torno a las imputaciones y medidas solicitadas tanto por la querella como por el Ministerio Público Fiscal.