La causa judicial denominada "Ñoquis calientes", que tiene como principal imputada a la ex ministra de Familia y Desarrollo Social, María Cecilia Torres Otarola, sigue sumando sorpresas. El denunciante de la maniobra que, según indica la investigación, pretendía quedarse con dinero público, es el contador Juan Martín Sandoval quien en las últimas horas denunció aprietes contra su persona y contra una testigo. La postura está fundada en el pedido de levantamiento del secreto bancario por parte de la defensa y que la jueza Ivana González concedió.
En contacto con EQSnotas.com Sandoval explicó que el abogado Fabián Gabalachis ha solicitado que se levante el secreto bancario de sus cuentas y las de Erica Yamila Paludi. La magistrada Ivana González accedió a la solicitud, procedimiento que fue recurrido.
Sin embargo Sandoval lee detrás de este pedido una intención de amedrentamiento contra el denunciante y contra una testigo central en la previa de un juicio donde van a tener que sostener sus dichos.
"Desconozco cuál es la razón para pedir mis movimientos bancarios desde el 2015 al 2020.No tengo nada que ocultar, pero el procedimiento no corresponde", señaló el contador.
Luego destaca que "han incurrido, defensor y magistrada, en una medida invasiva como es el levantamiento del secreto bancario sin ningún tipo de fundamento y solo teniendo en cuenta la declaración de la imputada.
En los últimos días la jueza de garantías Ivana González elevó a juicio oral y público a siete de los imputados en esta causa. Otro de los aspectos resueltos fue el de las calificaciones jurídicas, que quedaron originalmente tal como fueron considerados por los acusadores.
Respecto de Torres Otarola, se le imputa el delito de fraude a la administración pública en calidad de autora por 8 hechos, tres por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para los fiscales, Torres Otarola “resultó pieza central de la actividad delictiva investigada”. Según las calificaciones legales escogidas, la escala penal parte desde los dos años, más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. La Fiscalía estima que al momento de pedir pena, la misma no será inferior a los cuatro años de prisión efectiva, más la inhabilitación especial por igual plazo.