Este lunes se llevó a cabo la audiencia de cesura de pena en el juicio por el homicidio de Juan Adolfo Lafeuillade. Por el hecho ya fueron condenados a los hermanos Mauricio y Micaela Ortellado.
El 21 de febrero de 2023, siendo aproximadamente las 0:10, la víctima se encontraba en el interior de su domicilio, en calle Juan B. Justo al 200, cuando se hicieron presentes dos personas, una de ellas Mauricio Ortellado y otra aún sin identificar, quienes saltaron el paredón e ingresaron a la misma con una pistola calibre 9 mm., para luego golpear a la víctima en su rostro, abdomen y cráneo con intenciones de sustraer dinero en efectivo y oros elementos de valor.
Ante la negativa y resistencia que ofreció la víctima, hallándose reducido en el pasillo y con el propósito de facilitar la sustracción, lo ejecutaron de un disparo en la cabeza provocando su muerte. Seguidamente tomaron el celular, la billetera y las llaves de la víctima y se dieron a la fuga en su vehículo un Fiat Toro, previo incendiar la vivienda para ocultar el hecho.
En este contexto, la fiscal Verono Dagotto solicitó se le imponga a Mauricio Ortellado la pena de prisión perpetua; en tanto que a Micaela Ortellado 13 años de prisión, luego de que fueran declarados por un jurado popular “coautor” de “homicidio criminis causa” y “partícipe secundaria”, respectivamente.
Asimismo, la fiscal requirió se mantenga la prisión preventiva que cumplen ambos hasta que la sentencia quede firme, lo cual no fue impugnado por los defensores.
El abogado Gustavo Oyarzún, defensor de Mauricio Ortellado, no se opuso a la prisión perpetua; y la defensora de Micaela Ortellado pidió el mínimo de la pena contemplado para el delito: 10 años de prisión, considerando que la mujer tiene tres hijas menores.
ANTECEDENTES EN CONTRA
En el principio de la audiencia, la fiscal se refirió a la prueba documental para la cesura, en especial los Informes del Registro Nacional de Reincidencia, con los antecedentes penales de ambos hermanos.
Seguidamente se escuchó a dos profesionales del Servicio Social de la Defensa Pública quienes se refirieron a la historia de vida, vulnerabilidad y el contexto socio-ambiental en el que se desarrollaron las infancias y adolescencias de los condenados.
En cuanto a la pena para Mauricio Ortellado, la fiscal expresó que ya fue condenado por un tribunal popular y que el Código Penal establece para ese delito la pena única de prisión perpetua.
Respecto de Micaela Ortellado, luego de ser condenada como “partícipe secundaria” y de que el Código Penal establece un mínimo de 10 años y un máximo de 15 años de prisión, la fiscal resaltó su cooperación o ayuda posterior al crimen; sus múltiples ingresos al sistema penal y la pluralidad de hechos delictivos en la que se vio involucrada. En cuanto a la no trascendencia de la pena a terceras personas, por sus tres hijas menores, consideró la fiscal que el mismo es “neutro” ya que están a cargo de su abuela. Como circunstancias atenuantes, sí consideró su falta de escolaridad y trabajo formal, solicitando se le aplique la pena de 13 años de prisión y el mantenimiento de la reincidencia por primera vez.
NO MAS DE 25 AÑOS
Seguidamente el defensor de Mauricio Ortellado sostuvo que la prisión perpetua es correcta, pero solicitó se declare inconstitucional el artículo 14 del Código Penal y también la inconstitucionalidad del artículo 13 que establece que el horizonte sea por 25 años, como lo establece el Estatuto de Roma.
“La finalidad de la pena es el reingreso al medio libre, por lo cual 35 años para acceder a la libertad condicional es inconsistente, ilógico e inaplicable”, sostuvo el defensor, solicitando se disponga en la sentencia que al cumplir 25 años de prisión, Mauricio Ortellado pueda acceder a la libertad condicional.
A continuación, la defensora de Micaela Ortellado, la abogada María de los Angeles Garro, consideró que sí debe evaluarse en su caso la no trascendencia de la pena a terceras personas por sus hijas menores, además de considerarse como atenuante la circunstancia familiar y su situación de “extrema vulnerabilidad” y su temprano conflicto con la Ley penal.
“En base al principio de humanidad y resocialización de la pena, ésta no debe ser mayor a 10 años de prisión”, añadió la abogada defensora.
Fuente: MPF Comodoro Rivadavia