Procesan a los hermanos colombianos que no dejaron circular a un colectivo

Los hermanos Zuli Urbano González y Alexander Olave Urbano fueron procesados como presuntos autores del delito de atentado a la autoridad agravado. Los ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron detenidos por la policía luego de que intentaran impedir el recorrido de un colectivo de larga distancia. La fiscalía tiene un plazo de seis meses para finalizar las tareas investigativas.

En la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Sarmiento se desarrolló una audiencia de control de la detención y formalización de la investigación preparatoria de juicio contra los hermanos colombianos Zuli Brighit Urbano González (36) y Alexander Olave Urbano (40).

El acto judicial fue presidido por el magistrado Alejandro Rosales: la fiscalía envió al funcionario Ezequiel Castro Albornoz, en tanto los imputados recibieron el asesoramiento legal del abogado de la defensa pública, Gustavo Oyarzún.

PARARON EL COLECTIVO

En la ocasión, el investigador indicó que el hecho ocurrió el 27 de abril a las 00:05 en Avenida Regimiento de Infantería 25 y calle 20 de Junio.

Según consta en la denuncia, en ese lugar los procesados impedían que el colectivo de larga distancia de la firma “Don Otto” continuara su recorrido.

Al arribar al lugar, los policías fueron informados el conductor del ómnibus de que Zuli y Alexander Urbano le cruzaron un vehículo, descendieron del mismo y comenzaron a golpearle la ventanilla y el parabrisas exigiéndole que abriera la puerta del micro.

Al llegar los empleados policiales, los procesados los insultaron. Luego mantuvieron un forcejeo y lanzaron golpes de puño que provocaron lesiones leves en los efectivos. Finalmente, fueron reducidos y trasladados a la sede policial.

6 MESES PARA INVESTIGAR

El representante del Ministerio Publico Fiscal requirió al juez que declare la legalidad de la detención. Asimismo, peticiono un plazo de seis meses para concluir la investigación. Con respecto a la calificación legal, indicó que se trata de un delito de atentado a la autoridad agravado (artículos 237 y 238 inciso 4 del Código Penal).

En tanto, peticionó como medida sustitutiva que Alexander Urbano se presente una vez al mes en la comisaría más cercana a su residencia en la región de Antofagasta (Chile), a los fines de constatar su domicilio.

A su turno, Zuli Urbano utilizó su derecho a declarar. La mujer relató que llegaron a la terminal de ómnibus a bordo de un taxi. El colectivo ya se había retirado de la plataforma. En consecuencia, siguieron al ómnibus hasta la última parada, frente a la Escuela Provincial de Nivel Secundario 739. Allí le mostraron al chofer el pasaje de Alexander Urbano y le solicitaron subir al transporte.

Según la imputada, el conductor y su acompañante no permitieron que el pasajero ascienda al ómnibus, agregando que los trabajadores de la empresa de transportes llamaron al personal policial para que mediara en la situación.

En este sentido, los procesados relataron que los efectivos policiales actuaron de manera agresiva y lejos de arribar a una solución del conflicto, resolvieron aplicar un procedimiento de detención.

TODO LEGAL

Por su parte, Oyarzún sostuvo que el relato de los detenidos es claro e ilustra una situación, que no es compatible con el delito de atentado a la autoridad. En este contexto, considero que sus asistidos fueron detenidos sin estar cometiendo ningún delito.

Así las cosas, formuló oposición a la declaración de legalidad de la detención y también pidió que no se formalice la investigación preparatoria de juicio.

Luego de escuchar los pedidos de las partes, el juez Rosales sostuvo que hay elementos suficientes para habilitar la investigación. En este sentido, resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio en relación a los hechos expuestos y la calificación legal provisoria escogida por la Fiscalía.

Asimismo, declaró legal la detención de los hermanos Urbano y otorgó el plazo de ley para concluir la investigación. Por último, concedió la libertad de los detenidos y ordenó que se presenten en la oficina de Criminalística a los fines de que se les aplique el protocolo único de identificación de personas.

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