Tal como lo adelantó El Patagónico, se retomó ayer la audiencia de juicio contra Brian Smith, quien fue acusado por el homicidio culposo que tuvo como víctima al canillita Sergio Faúndez. Este falleció cuando su motocicleta fue impactada por una camioneta que conducía Smith.
El lunes, durante el inicio del juicio oral y público, el defensor Francisco Romero planteó como cuestión previa que se aplique una suspensión de juicio a prueba por el término de tres años, a lo que le sumó una prohibición para conducir y una reparación económica mensual. La Fiscalía se opuso por considerar que no corresponde, en virtud de la pena que se pretende y el juez pasó a deliberar hasta ayer pasado el mediodía, cuando convocó a las partes para dar a conocer su veredicto.
En ese contexto se retomó el acto que presidió el juez penal Miguel Angel Caviglia. La Fiscalía estuvo representada por la fiscal general Cecilia Codina, mientras que la querella la ejerció el abogado Sergio Romero. El imputado, en esta ocasión, fue asistido por el co-defensor, Alejandro Fuentes.
RECHAZO
El magistrado no hizo lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba que planteó la defensa por lo que esa parte avanzará en la impugnación que adelantó durante el inicio del debate para el caso de que se resolviera de una manera distinta a la que propuso. Así el caso deberá ser definido por la Cámara Penal como tribunal de alzada. Por lo tanto, el debate quedó interrumpido.
El caso por el que Smith enfrenta a la Justicia tuvo lugar a las 4:30 del miércoles 21 de enero del año pasado, en la esquina de Rawson y Belgrano. Allí falleció el canillita Sergio Orlando Faúndez (26), cuya moto fue embestida violentamente por la Fiat Strada que conducía el imputado.
La excesiva ingesta alcohólica del Smith fue algo que se destacó en cada audiencia por la parte acusadora al hacer referencia a la imprudencia, negligencia y conducción antirreglamentaria a la que refiere el artículo 84 del Código Penal, el cual fija penas que van de los dos a los cinco años de prisión y hasta diez años de inhabilitación para conducir.
Tanto la querella como la fiscal se opusieron al suspensión del juicio a prueba porque la pena que se fijó como pretensión es de cumplimiento efectivo, mientras que la propuesta que se le rechazó a la defensa incluía la puesta a prueba por el término de tres años, prohibición de conducir y una reparación económica equivalente al 20 por ciento mensual del sueldo del imputado, el máximo que se puede embargar.
- 05 agosto 2016