Un mes después, el abogado del padre sigue cuestionando a la Justicia

Roberto Castillo sostuvo que hay elementos para acusar a la madre de Angel López como autora material y anunció denuncias contra funcionarios y profesionales. Familiares convocan a una marcha.

En la previa de una movilización para recordar a Angel Nicolás López (4), el abogado querellante Roberto Castillo afirmó que la causa incorporó nuevos elementos y planteó un cambio en la calificación del hecho: la acusación se orienta hacia un homicidio directo.

“El expediente tiene muchísima prueba”, señaló el letrado, quien sostuvo que la madre, Mariela Altamirano (28), habría intervenido de manera activa en el crimen. “Tenemos elementos de convicción que indican que ella le propinaba golpes a Ángel y que lo asesinó”. En esa línea, indicó que la querella también ubica al padrastro, Michel González, en calidad de coautor.

Castillo mencionó antecedentes de violencia que, según la querella, respaldan esta hipótesis. En particular, señaló que Altamirano había perdido la tenencia de otro hijo en la provincia de Misiones tras denuncias por maltrato.

El abogado también confirmó que se impulsan presentaciones contra funcionarios judiciales y profesionales que intervinieron en el caso. Entre ellos, un juez de familia y una defensora oficial, cuyas actuaciones serán evaluadas por el Consejo de la Magistratura. Además, anticipó denuncias penales contra psicólogas por presunto incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.

“La justicia no escuchó al niño”, afirmó Castillo, al cuestionar las decisiones que derivaron en el traslado de Ángel desde el entorno en el que vivía con su padre hacia otro ámbito que, según indicó, careció de la supervisión adecuada. En ese sentido, sostuvo que existían registros y denuncias previas que advertían sobre situaciones de violencia.

El letrado enmarcó el caso en problemáticas más amplias del sistema judicial. “Hay una interferencia de la política en la justicia y una desigualdad en el acceso, donde las personas más vulnerables no son escuchadas”, expresó.

En este contexto, y a un mes del asesinato, familiares, amigos y allegados convocaron a una marcha en la ciudad para exigir justicia en un caso que generó fuerte conmoción social y volvió a poner en discusión el funcionamiento de la justicia de familia en Comodoro Rivadavia.

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