Recibió una pena en suspenso la exdirigente de automovilismo condenada por administración infiel

La expresidenta de la Asociación Sarmientina de Automovilismo (ASA) recibió una pena de 6 meses de prisión en suspenso. Así lo informó ayer el juez Daniel Pérez en su resolución. La semana pasada, Daniela Molina fue declarada culpable del delito de administración infiel. La Fiscalía pretendía una pena de cumplimiento efectivo y la defensa había reclamado la mínima, de un mes.

La parte resolutiva de la sentencia se leyó ayer en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Sarmiento y estuvo a cargo del juez, Daniel Pérez, quien la semana pasada condenó a Daniela Molina como autora penalmente responsable del delito de administración infiel y la absolvió del delito de fraude contra la administración pública.

En ese acto, el Ministerio Público Fiscal fue representado por el funcionario Julio Herrera, mientras la imputada fue asistida por los abogados adjuntos de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzún y Marcelo Catalano.

Hay que recordar que la Fiscalía de Sarmiento investigó los hechos ocurridos entre agosto de 2014 hasta de mayo de 2015, cuando Daniela Molina y Violeta del Carmen Haro Díaz, en carácter de presidenta y tesorera de la Asociación Sarmientina de Automovilismo, utilizando sus facultades de administración conforme estatuto, percibieron la suma de 360 mil pesos por parte del Gobierno de Chubut.

Estos fondos estaban destinados a la obra denominada “Convenio de Infraestructura Construcción Sede Social”. Según los investigadores, la totalidad de ese dinero no fue destinada a las obras comprometidas.

Esta acción provocó un daño patrimonial a la asociación que representaban y además se violaron los deberes confiados.

INCUMPLIMIENTO

El segundo hecho que se investigó se basó en el incumplimiento en el cual habría incurrido Molina. Es que por el cargo que ocupaba en la organización, estaba obligada a presentar documentación y rendiciones ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Chubut.

En este sentido, se explicó que los subsidios que otorga la provincia están sujetos a la obligación de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas, en el marco del Régimen de Asignación, Utilización y Rendición de Subsidios.

Los investigadores observaron un incumplimiento de rendición de cuentas ante las autoridades competentes por el subsidio destinado a la obra denominada “Convenio de Infraestructura–Construcción Sede Social”. Para este proyecto, la Provincia otorgó 360.000 pesos y la responsable de la administración de esos fondos no rindió cuentas por la suma de 55.868 pesos. Además, tampoco habría subsanado las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, por la suma de 137.729 pesos.

El organismo encargado del control de las cuentas del Estado provincial había requerido a Molina los comprobantes de notas de pedido, remitos, presupuestos, recibos sin membrete y recibos oficiales de la asociación que no acreditan pago alguno.

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