El colectivo de Trabajadores de la Cultura de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly solicitó este lunes que el Concejo Deliberante se expida respecto a la llamada "Ley Omnibus" ("Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos"), y el DNU impulsados “por el gobierno nacional y las corporaciones privadas que lo acompañan”.
De acuerdo a lo que expresaron, “es urgente una toma de postura de todos los sectores y en especial aquellas personas que ocupan cargos públicos de representación, en tanto estas medidas implican un ataque al pueblo: proponen la represión de la protesta social, e incluso la ilegalidad de reunión de tres personas o más en la vía pública con la intención de manifestarse”.
Recordaron que el artículo 331 (que ya la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que será retirado) define "manifestación" como "la congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público", con penas que van de los 3 meses a 3 años.
“En cuanto a lo que nos atañe particularmente, repudiamos la derogación de la Ley 24800 y el Decreto 1224 que disponen el cierre de instituciones que hacen a nuestra identidad nacional y cultural, como el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro”, así como “la derogación de leyes que protegen a las Bibliotecas Populares, editoriales independientes y librerías, además del desfinanciamiento del INCAA, Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales y el INAMU, Instituto nacional de la Música”, agregaron.
“Entendemos que esto pretende destruir las conquistas de nuestra identidad nacional y miles de fuentes laborales y de financiación de trabajo cultural”, resaltaron.
“De avanzar con esta ley y con el DNU, medidas que son ilegales, se avanza con la destrucción del capital cultural, social y comunitario que, con mucho esfuerzo, hemos construido desde la recuperación de la Democracia, en estos 40 años. Es necesario resaltar que todas estas entidades se sostienen con mecanismos de autofinanciamiento y que de ninguna manera significan un déficit para el estado o un costo extra para el ciudadano. Todo lo contrario, la actividad cultural genera ingresos. Por eso es claro que la intención no tiene que ver con un reacondicionamiento económico, sino que intenta quebrar y desmantelar la expresión, así como el desarrollo y la comunicación expresiva cultural y crítica”, destacaron quienes entregaron un documento a los representantes legislativos que en esta ciudad solo tienen un representante: el exradical alfonsinista Omar Lattanzio.