El gobierno reglamentó un punto clave de su reforma laboral y puso en marcha un esquema de incentivos para empresas que incorporen trabajadores no registrados, en medio de cuestionamientos judiciales sobre la constitucionalidad de la iniciativa.
En Azopardo 802 admiten el golpe tras el fallo adverso por la reforma laboral, pero dicen que esperaban una decisión de este estilo. Advierten que todavía no se definió si la ley es inconstitucional o no. Ahora preparan la respuesta jurídica y política, en la que la marcha del 30 de abril gana relevancia.
El magistrado Ricardo Giletta rechazó la validez constitucional del artículo 55 de la llamada Ley de Modernización Laboral. Ordenó que los créditos laborales se actualicen según el mecanismo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo.