La causa Revelación investiga el presunto pago de coimas de empresarios de toda la provincia, a funcionarios del entonces gobernador Mario Das Neves, con el objetivo de poder destrabar pagos adeudados por el Gobierno provincial por obras ya ejecutadas.
De esta manera (se cree que la audiencia de debate en la que desfilarán los testigos de la investigación se realizará en el primer semestre del próximo año) estarán sentados en el banquillo de los acusados empresarios de la construcción y funcionarios de primer nivel de la última gestión del exgobernador Mario das Neves.
Se trata de Diego Correa que ocupaba la titularidad de la Unidad Gobernador y considerado jefe de la asociación ilícita. También Víctor Cisterna que fuera jefe de gabinete y Ministro de Economía, Gonzalo Carpintero secretario privado del gobernador fallecido, Pablo Oca, ex Ministro de Economía, Alejandro Pagani, ex Ministro de Infraestructura, Martín Bortagaray titular del IPV y que al ser imputado se desempeñaba como ministro de Familia de Mariano Arcioni, y Diego Lüthers, también con funciones en la Unidad Gobernador.
EL CASO ITURRIOZ
Por el lado de los empresarios vinculados con empresas constructoras de la provincia, se trata de Pablo Bastida, Martín Castillo, Federico Piccione y Pablo Menedín.
No irán a juicio los empresarios que ya acordaron probation con los fiscales, homologadas por el juez. Admitieron haber pagado coimas, pero prometieron concretar obras públicas como conmutación de la eventual pena.
En el caso de Comodoro, el acusado ya cumplió con la refacción de la comisaría Mosconi, donde estuvo detenido unos días luego de que estallara la causa, el 22 de mayo de 2018.
En esta causa se da la particularidad de que uno de los fiscales que intervino en la instrucción ya no estará en el juicio. Se trata de Héctor Reinaldo Iturrioz, sobre quien pesan dos pedidos de jury. Uno de ellos justamente por haber pedido la detención de un funcionario con fueros, como era el caso de Bortagaray.
Curiosamente, el Consejo de la Magistratura que pidió su jury por esta razón no hizo lo mismo con Marcos Nápoli, el otro fiscal que convalidó el pedido de Iturrioz, ni con el juez Piñeda, que la ordenó y luego se excusó en la cantidad de trabajo que tenía y le imposibilitaba analizar todos los detalles.
El fiscal Nápoli manifestó en declaraciones realizadas a la emisora de Rawson FM Bahía Engaño que “estamos conformes (con la resolución de Piñeda) y confiamos en que en el debate vamos a tener éxito, aunque como se dice en la jerga, al partido hay que jugarlo”.
Se refirió a los términos de la investigación, la descripción de los hechos, pruebas ofrecidas e imputaciones que presentó y que motivó largos debates durante las tres jornadas que duró la audiencia preliminar.
“El juez (Piñeda) ha declarado admisible a casi la totalidad de toda la prueba que hemos presentado, además del listado de todos los imputados que hemos pedido. Se trata no solo de los funcionarios involucrados integrantes de la asociación ilícita, sino también de los empresarios que están fuera de ese delito y que no han aceptado la suspensión del juicio a prueba”, indicó.
Se cree que el juicio oral y público se produciría en los primeros meses del próximo año, luego de la realización del juicio por la causa “Emergencia Climática” en Comodoro Rivadavia, donde hay otros exfuncionarios imputados.
En la misma resolución Piñeda dictó el sobreseimiento para los empresarios de Esquel Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanel.