En una audiencia de incidentes realizada de manera semipresencial en el Juzgado Penal del barrio Roca, el juez de Ejecución Penal Jorge Odorisio resolvió revocar las salidas transitorias que usufructuaba Franco Alí González, condenado por un robo agravado ocurrido en Rada Tilly el 1 de noviembre de 2024. Aquel día fue parte de una banda –en su mayoría integrada por habitantes de Trelew- que saqueó un domicilio.
La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal, representado por la abogada de fiscalía Patricia Cardoso. La defensa particular, a cargo de Gladys Olavarría, no formuló objeciones al pedido y solicitó que su asistido sea trasladado al centro de detención de Trelew para facilitar el contacto con sus familiares.
Durante la audiencia, la representante fiscal explicó que González fue declarado en rebeldía el 18 de febrero de 2026, luego de no regresar al establecimiento penitenciario tras una salida transitoria. Según precisó, el condenado gozaba de ese beneficio desde octubre de 2025 y lo utilizó regularmente hasta el 15 de febrero de este año, fecha en la que incumplió con su retorno.
Posteriormente, el 19 de mayo, las autoridades tomaron conocimiento de que González se encontraba en la ciudad de Bariloche, donde fue detenido en el marco de otra investigación penal.
Asimismo, la fiscal informó que actualmente permanece alojado en esa ciudad bajo prisión preventiva, medida dispuesta por el juez penal Juan Pablo Laurence desde el 26 de mayo y con vigencia hasta el próximo 21 de septiembre.
Ante estos antecedentes, el Ministerio Público Fiscal requirió la revocación de las salidas transitorias otorgadas en el legajo de ejecución, planteo que finalmente fue aceptado por el magistrado.
Respecto del pedido de traslado a Trelew formulado por la defensa, la fiscalía solicitó que previamente se requiera información a las autoridades judiciales de Bariloche sobre la situación procesal del condenado y las medidas de coerción vigentes.
Finalmente, Odorisio dispuso revocar las salidas transitorias de González y ordenó solicitar un informe a la Justicia de Bariloche antes de resolver sobre el eventual traslado del condenado a la provincia del Chubut.