Sarmiento: Balochi fue sobreseído sin haber sido juzgado por administración fraudulenta

El juez Jorge Novarino finalmente absolvió al intendente electo de Sarmiento, Sebastián Balochi, al exfuncionario municipal, Rubén Camarda, y al empresario Pablo Diez, todos acusados por el delito de administración fraudulenta. Fue en el marco de la audiencia preliminar de la causa que investigó la existencia de delitos en la compra de palmas para el alumbrado público en la ciudad de los lagos. El mismo juez también hizo caer otra causa que tenía como acusado a Carlos Almeida.

Tras el ofrecimiento de la prueba, realizada en el marco de la audiencia preliminar, la fiscal general de Sarmiento le solicitó al juez Jorge Novarino que eleve la causa a juicio oral y público por el delito de administración fraudulenta agravada, mientras que los abogados de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzún y Marcelo Catalano —quienes asistieron a Balochi y Camarda— pidieron el sobreseimiento y que se rechace la elevación a juicio.

El mismo requerimiento efectuó el abogado particular, Guillermo Iglesias, quien defendió al titular de la empresa “Caño Sur SA”.

En este marco, el magistrado explicó que luego de examinar el mérito, la admisibilidad y pertinencia de las evidencias acompañadas para fundamentar la posibilidad de llevar la causa a juicio, consideró que este análisis lo llevó a la conclusión postulada por los abogados defensores y en virtud de esa decisión también resultó beneficiado por el sobreseimiento, el ingeniero Carlos Almeida, quien estaba acusado en la causa conocida como la “Escuela de Artes y Oficios”.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

En su resolución judicial, Novarino hizo un repaso de lo discutido en la audiencia preliminar y en ese sentido recordó que los abogados defensores esgrimieron sus razones para sostener que la causa judicial no debía superar el peldaño de la etapa preliminar, por las severas falencias que mostraba la pieza acusatoria.

A ello, agregaron lo poco claro, confuso y no circunstanciado de la acusación pública. Además criticaron lo vago en su terminología y principalmente en su imputación, al señalar que no describía acción típica penal alguna.

Los abogados defensores también se refirieron a la falta de precisión en el supuesto despliegue delictivo de cada integrante. En segundo orden, sostuvieron que según el relato fiscal, pareciera que hay un perjuicio pero la acusadora no estableció un monto determinado. Tampoco la Fiscalía especificó el daño o el supuesto beneficio a favor del empresario Pablo Diez.

En esta instancia judicial, Oyarzún y Catalano cuestionaron la falta de objetividad de parte del Ministerio Público Fiscal al convocar presupuestos de provincias diferentes a Chubut, con otros costos y otros requisitos, y en definitiva, su metodología de trabajo, orientada en acusar a cualquier costo.

Asimismo, advirtieron una utilización política de los espacios de Justicia, no por parte de la Fiscalía, sino concretamente por la abogada del Municipio de Sarmiento.

En este marco, la fiscal Laura Castagno consideró que para configurar la estafa no era necesario que se hiciera referencia a un perjuicio concreto, sino que podía ser potencial.

Por otra parte, la investigadora indicó que su actividad no se orientó a la crítica de una gestión municipal, sino que se imputó un delito. Por último, señaló que la acusación pública es clara y permite ejercer sus facultades, tras lo cual sostuvo todos y cada uno de sus ofrecimientos probatorios.

De todas maneras, el juez Novarino enfocó su análisis en la acusación pública y en el tiempo de presentación de la prueba.

Con respecto al primer punto, indicó que al releer la pieza acusatoria no pudo hallar identificación concreta del perjuicio económico, ni del supuesto sobreprecio referido por la parte acusadora. En consecuencia, ello debilitó de manera estructural la acusación propuesta por los acusadores.

En tanto, consideró un cuestionable exceso de confianza que la Fiscalía propusiera aportar la prueba de la pericia contable, luego de presentada la acusación y ofrecidos los medios de prueba testimoniales y documentales que se expondrían en las audiencias de debate.

Para el juez de garantías, habilitar esa conducta implicaría inexorablemente violentar el principio de igualdad de armas porque la defensa no contaría con la totalidad del material probatorio del que se debiera proteger o contra el cual elaborar su estrategia.

Por último, indicó que en la audiencia preliminar corresponde al juez examinar el mérito, admisibilidad y pertinencia de las evidencias acompañadas, para fundamentar la posibilidad de llevar la causa a juicio.

En este sentido, consideró -sin vacilación- que tal análisis lo lleva a la conclusión postulada por las defensas y en consecuencia dispuso el sobreseimiento de Balochi, Camarda y Diez por el delito por el que fueran acusados por el Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, agregó que corresponde adoptar la misma decisión respecto de Carlos Almeida, en relación a la causa identificada como “Escuela de Artes y Oficios”.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico