En un fallo con fuerte impacto político y sindical, la Justicia laboral suspendió este lunes los artículos centrales del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, impulsado por el gobierno de Javier Milei para restringir el derecho a huelga. La resolución, firmada por la jueza Moira Fullana, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y dejó sin efecto, de forma provisoria, los artículos 2 y 3 del decreto.
La magistrada argumentó que una modificación de esta magnitud sobre el régimen legal de huelga no puede realizarse por vía de un DNU, ya que se trata de un derecho garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y su regulación requiere un debate legislativo en el Congreso.
El decreto, publicado semanas atrás por el Ejecutivo, planteaba una reforma profunda que endurecía las condiciones para declarar paros, en especial en sectores considerados “esenciales” o de “interés estratégico”. Además, ampliaba el alcance de los servicios esenciales, incluyendo áreas como el transporte y la educación, lo que en la práctica implicaba nuevas restricciones al derecho a huelga.
Según denunció la CGT, el DNU “avasalla competencias exclusivas del Congreso” y “viola tratados internacionales con jerarquía constitucional”. En su presentación judicial, la central obrera advirtió sobre el impacto negativo que podría generar la normativa en la libertad sindical y la negociación colectiva.
La jueza Fullana resolvió que la suspensión de los artículos 2 y 3 del decreto tendrá carácter provisorio, hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. Esto significa que, por el momento, continúa vigente la legislación actual en materia de derecho a huelga. Desde el Gobierno nacional no hubo comentarios oficiales, aunque fuentes cercanas a Casa Rosada no descartaron apelar el fallo y llevar la discusión a instancias judiciales superiores.
La decisión judicial se da en un contexto de alta conflictividad laboral, con paros, movilizaciones y protestas impulsadas por las centrales obreras en rechazo al ajuste fiscal y las políticas de desregulación promovidas por el oficialismo. Tras conocerse el fallo, la CGT celebró la medida como “un triunfo de la democracia” y aseguró que continuará “en la calle y en la Justicia” para defender los derechos laborales.