“Se podría crear el Registro de Infractores Sanitarios. Los infractores sancionados perderían prioridad para acceder a una cama de Terapia Intensiva si están contagiados de COVID-19”. Esa es la propuesta que realizó el abogado Martín Galíndez en Twitter, a partir de la cantidad de nuevos casos de Coronavirus que se registraron en los últimos días debido a las reuniones sociales.
El exprecandidato a intendente de Comodoro Rivadavia que perdió la interna de Chubut al Frente el año pasado con Martín Buzzi destacó que “una falta de responsabilidad tan grande debe dar lugar a medidas más grandes que un reproche o poner horarios a la circulación. El problema no está en el horario sino en que el 50% de los contagios se realiza en reuniones sociales clandestinas”.
Añadió que “ese 50% sistemáticamente rompe esta normativa por diversión o placer. Pero si estás en un contexto de pandemia, hay normas de carácter sanitario y vos sos un infractor de esta norma. Creo que tiene que haber algún tipo de regulación o registro”, aseveró.
En diálogo con La Posta Radio, el abogado explicó que un registro de infractores puede permitir cobrar una multa, sacar un carnet de conductor o dificultades para acceder a una tarjeta de crédito, pero el problema comienza cuando se colapse el sistema sanitario.
“Hay que llevar adelante una medida. No sé si andar sin barbijo o no en la calle sea tan delicado, o una infracción grave. Lo cierto es que si vos te juntas clandestinamente y aparecen contagios de COVID y no se hace nada, eso es una burla a la sociedad porque una gran parte lo que está haciendo es dejar de ver a sus afectos porque hay mucha gente que ha tomado conciencia”, afirmó.
En este sentido, Galíndez subrayó que quienes realizan reuniones sociales están violando dos artículos del Código Penal. “En el artículo 202 a aquel que contagia una enfermedad grave de manera irresponsable, le corresponde una pena de 3 a 15 años de prisión. El artículo 205 habla de la salud pública y establece que aquel que violara normas sanitarias también puede recibir una pena de 6 meses a 3 años de prisión”, describió.
Sin embargo, el abogado aseguró que el Código Penal es inaplicable. “Yo pensaba que como el Código Penal no tiene ningún tipo de aplicación en la práctica, salvo en aquel momento cuando aparecieron cientos de vehículos por circular, después no vi ninguna condena ni ningún avance. Me parece difícil que un juez federal pueda llevar adelante actuaciones para que el infractor cumpla una sanción”, describió.
Asimismo, Galíndez consideró que el registro debe ser impulsado desde el Gobierno provincial y puso como ejemplo lo que sucedió con las fiestas clandestinas. “Hoy uno de los temas que está en agenda son las reuniones en Rada Tilly y si nos guiamos por la ley deberían pasar entre 3 a 15 años de cárcel si se generan nuevos contagios. No veo que sirva que solamente se paguen 6 mil pesos de multa”, criticó.