Según dijo Juan Pazo, el organismo “nombró más de 6.000 agentes, duplicó las regulaciones y lo único que consiguió fue reducir la formalidad e incrementar la informalidad”.
Una de las decisiones centrales –en sintonía con el blanqueo ilimitado de dólares- es la derogación de varios regímenes informativos. Entre ellos, se eliminó la obligación de informar las compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, así como el “Citi de los escribanos”, que obligaba a reportar todas las operaciones notariales.
También dejan de estar vigentes los reportes por compraventa de vehículos usados, pagos de expensas desde $32.000, publicaciones de venta de inmuebles y consumos de servicios públicos como electricidad, agua, gas y telefonía.
Además, ARCA prohibió a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales como condición para operar. En caso de que una entidad insista con ese requerimiento, las personas podrán negarse y recurrir a Defensa del Consumidor.
También se modificaron los umbrales de varios regímenes: los reportes por saldos bancarios mensuales se elevan a $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas; los plazos fijos a $100 millones y $30 millones respectivamente; las transferencias en billeteras virtuales ahora se reportan desde $50 millones y $30 millones según el caso. Las tenencias en sociedades de bolsa solo se informan desde los $100 millones en el caso de individuos.
Los reportes por compras del consumidor final ahora se activan solo cuando superan los $10 millones, tanto en efectivo como por otros medios de pago. En paralelo, Pazo anunció un nuevo régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que se centra únicamente en la facturación y los gastos deducibles, excluyendo los consumos personales y la variación patrimonial.