La caravana de combis y transportes se realizó por las calles de la ciudad, para “hacer visible a la gente y a la población, lo que nos está pasando. Es una situación realmente caótica”, indicó uno de los trabajadores.
Los trabajadores perciben el valor del nomenclador por kilómetro realizado, otorgado por la Agencia Nacional de Discapacidad. Sin embargo, por los aumentos que hubo de combustible más los gastos que conlleva el seguro y otros costos de cada transporte, esos valores quedaron totalmente desactualizados. “La Agencia de Discapacidad es la que nos pone el precio a nosotros en base al valor del nomenclador y ese valor es de octubre del año 2022”, dijeron.
En este marco, el combustible aumentó casi el 230%, sin embargo, desde la mesa de diálogo con el Gobierno, ofrecieron un aumento del 20% para el mes de enero y de un 10% para el mes de febrero, propuesta que la Federación y los trabajadores la consideraron insuficiente. “El litro de combustible estaba a $380, ahora el litro de infinia está a $900, superando los mil pesos en algunos lugares del país y nosotros seguimos cobrando como si estuviera a $380 el combustible”.
Las empresas transportistas cuentan con vehículos especiales para personas con discapacidad que se vuelven cruciales en la vida de las personas, tanto niños y adultos, para ser movilizadas a diferentes espacios básicos, como escuelas, centros terapéuticos, lugares recreativos, etc. por lo que esta medida afecta de manera directa a los derechos de las personas con discapacidad.
En este marco, desde la Federación a nivel nacional, solicitan un incremento de aranceles de 100%, retroactivo al mes de diciembre 2023, un incremento de aranceles para el transporte equivalente al 80% del precio del litro de combustible para el valor del km, el pago dentro de los treinta días luego de brindada la prestación y un mecanismo de actualización mensual de acuerdo al IP, publicó diario Crónica.