Los trabajos en torno a estas modificaciones habían reunido al mismo bloque UCR, el oficialismo y técnicos del Instituto de Seguridad Social, y pese a obtener los despachos favorables de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Social, nunca volvió a recinto para formular los cambios.
Así, el ministro de Gobierno, Javier Touriñan, explicó ayer que si bien en una primera instancia el Ejecutivo había optado por presentar un decreto planteando las modificaciones, el mismo fue retirado de la Legislatura. En cambio, se presentó otro que directamente deroga la norma para que quede en manos de los diputados provinciales la sanción de la nueva ley.
"Esta ley tenía una ambigüedad en su redacción, el espíritu era bueno, pero tenía una ambigüedad que la hacía inaplicable desde la base", indicó el ministro.
Agregó que desconoce por qué el tratamiento en recinto de las modificaciones planteadas desde las comisiones se demoró en el tiempo, sosteniendo una ley que no se podía aplicar, y sobre la que era necesario tomar una determinación.
"Analizamos que posibilidades que había: una era plantear las modificaciones a través de un DNU (decreto de necesidad y urgencia) y la otra era la derogación de la ley y establecer las disposiciones iniciales al momento de la sanción de la ley, es decir volver a como estaban las cosas en ese momento previo. Ayer (por el jueves) se remitió el DNU a la Cámara –el que planteaba las modificaciones consensuadas–, pero fue retirado por instrucciones del gobernador, y finalmente se decidió por la derogación y permitir que en el marco de institucionalidad que tiene al provincia dentro del sistema republicano, sea la legislatura quien determine que pasará respecto a eso", explicó.
Fundamentó que la decisión se dio para "no avanzar en un sistema dejando en el limbo una ley que está sancionada pero no publicada", de modo que se produjo la derogación por decreto y queda en manos de la legislatura determinar la ley del sistema jubilatorio provincial.