Un sumario de la Armada reconoció "graves anomalías" en el San Juan

Una investigación interna que realizó la Armada Argentina asegura que el submarino desaparecido el 15 de noviembre fue erróneamente autorizado a zarpar por las deficiencias técnicas y operativas que presentaba. El informe final apunta contra el comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, y el comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de Navío Claudio Javier Villamide.

“El señor comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y el señor comandante de la Fuerza de Submarinos, Capitán de Navío Claudio Javier Villamide, revisten la condición de presuntos infractores por arriesgar la integridad física de sus subordinados, sin necesidad evidente, y por actuar con negligencia/imprudencia notoria y grave al no impedir que el submarino ARA San Juan navegase con posterioridad a las severas anomalías detectadas –tanto en la inspección N°10/16 ‘S’; como en la previa navegación del SUSJ (ARA San Juan) para ‘Control de Mar’ efectuada entre los días 1 y 19 de julio de 2017, circunstancias conocidas por los involucrados- y no superadas, sin evidenciarse medidas de control y supervisión ante el eventual peligro para la tripulación y la Unidad Naval, causando además, presumiblemente, por esa falta de control y supervisión de ambas autoridades navales, la pérdida de contacto definitiva con el Submarino ARA San Juan”.

Así de contundente es el sumario que realizó la Armada sobre las responsabilidades que podrían caberles a los oficiales superiores que estaban a cargo de la navegación y las tareas encomendadas al submarino desaparecido el 15 de noviembre pasado con sus 44 tripulantes a bordo.

La “Disposición concluyente del sumario” de 15 carillas, con el membrete del Estado Mayor General de la Armada y refrendado por el entonces titular de esa fuerza, almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, confirma que el ARA San Juan zarpó de la Base Naval de Mar del Plata con deficiencias técnicas y operativas que lo limitaban, por ejemplo, a no descender a más de 100 metros de profundidad cuando, en un estado normal, podría realizar una inmersión de hasta 350 metros.

El sumario está fechado 7 de diciembre de 2017, es decir 22 días después de la desaparición del submarino. Y cinco días después de que Srur la avalase, el 12 de diciembre, Aguad dispuso el pase a disponibilidad de siete oficiales, entre ellos Luis Enrique López Mazzeo y Claudio Villamide, los oficiales señalados por el Oficial Auditor Instructor designado por el entonces jefe de la Armada para investigar “las responsabilidades emergentes vinculadas a la pérdida de contacto con el Submarino ARA San Juan”.

Por entonces, López Mazzeo ya había sido cuestionado públicamente por la juez federal de Caleta Olivia Yáñez, a cargo de la causa, por la reticencia a aportar información sobre las comunicaciones del submarino con la base naval y el reporte de averías en las baterías, además de la logística dispuesta para la aplicación del SAR, por sus siglas en inglés “search and rescue” o “búsqueda y rescate”.

El mismo vocero de la Armada, Enrique Balbi, también les había respondido a los periodistas reunidos en la escalinata del Edificio Libertad a la espera de los entonces famosos partes oficiales, que algunas preguntas no se podían responder porque existía secreto de Estado.

Fue entonces que el ministro Aguad los desautorizó asegurando que tal secreto no existía y ordenó entregar de forma inmediata la documentación requerida por Yáñez. Entre esos documentos se encuentra la auditoría interna que en el “Punto 2” de su resolución pide: “Suspéndase del servicio” a López Mazzeo y Villamide por “arriesgar a la tropa” y “negligencia en el servicio”.

PODRIA AGRAVARSE LA SITUACION PROCESAL

A lo largo de la quincena de carillas la disposición da cuenta de cada una de las irregularidades que presentaba el ARA San Juan y que no fueron corregidas.

A estos cuestionamientos, la auditoría agrega como agravantes las comunicaciones que se mantuvieron entre el comando de submarinos y el ARA San Juan horas antes de su desaparición y que hacían referencia a las dificultades que este mantenía para navegar y salir a “hacer snorkel”, es decir recambiar el oxígeno, con un océano embravecido como el de esos días donde las olas llegaban a siete metros de altura.

Las comunicaciones volcadas en el documento son 18 y corresponden a los días 14 y 15 de noviembre. Es decir las del día en que se terminó perdiendo contacto y el anterior. La mayoría de ellas cierra con una lapidaria frase que dice: “se desconoce contenido” de la comunicación.

Otras en cambio son relevantes y, si bien trascendieron algunos de sus contenidos, ahora, los documentos oficiales sumados a la causa no dejan margen de dudas.

Lo cierto es que si la jueza federal de Caleta Olivia, que investiga la desaparición del buque militar, llega a las mismas conclusiones que el oficial sumariante a cargo de la pesquisa interna de la Armada, la situación procesal de López Mazzeo y Villamide podría complicarse.

Es que se debe recordar que hasta ahora, el expediente no tiene imputados y el personal que declaró, como los dos tripulantes que desembarcaron del ARA San Juan en Ushuaia, Juan Gabriel Viana y Humberto René Vilte, admitieron que el submarino había tenido desperfectos en sus itinerarios previos. Esto incluía un problema en el snorkel, por donde ingresaba agua; paneles de baterías que habían quedado fuera de servicio por esa situación y que la nave perdía aceite. También aseguraron que el buque “tuvo un fallo grave previo a la desaparición”.

En su exposición ante la magistrada, los tripulantes afirmaron que durante la navegación de Mar del Plata a Ushuaia “hubo fallas en la válvula cabeza del snorkel, más precisamente en los dos electrodos de popa que no podían ser reparados en inmersión”. Repreguntados sobre este punto por Yáñez, los suboficiales reconocieron que “desconocían si se habían reparado en Ushuaia”; además reportaron haber “escuchado un ruido seguido de dos golpes fuertes y una vibración que recién al llegar a puerto se supo que se había producido por el desprendimiento de una tapa forro a la altura de la batería de proa”. Por último le dijeron a la juez que “el día 5 en el Puerto de Ushuaia tuvieron una falla en una bobina de un interruptor de potencia de las baterías que debió ser reparada antes de zarpar por lo cual la estadía se alargó un día más”.

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