Según publica el diario El Chubut, el dato que aportaría un empresario de la construcción “sería la punta del iceberg” para comenzar a desentramar el mecanismo de supuestos retornos que hubo durante el gobierno de Martín Buzzi (2011-15).
Cabe recordar que el abogado y exconvencional constituyente nacional, Ignacio Ferreira de las Casas, manifestó públicamente en una audiencia de apertura de investigación que los aprietes contra empresarios para que paguen coimas por la obra pública comenzó a darse desde 2004 y terminó con la llegada de Mariano Arcioni al sillón de Fontana 50. Es decir que para él este mecanismo no existió durante los gobiernos radicales de Carlos Maestro y José Lizurume, lo cual fue refutado posteriormente por el diputado Alfredo Di Filippo, quien mencionó puntualmente al empresario José Carlos Iralde.
Ferreira de las Casas también alertó que su cliente, el empresario Fernando Quistani, de la firma Habitar SRL, aportaría datos llegado el momento sobre su experiencia personal con los gobiernos de Mario Das Neves y Buzzi.
En Fiscalía hay expectativa por la declaración que pueda efectivizar “el testigo clave”, quien según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal “se comprometió a aportar datos precisos de cómo se llevaba a cabo el cobro, quién lo hacía y qué porcentajes solicitaban” los ex funcionarios del gobierno anterior.
Los fiscales de la causa creen que si el empresario concreta el aporte de datos certeros, la investigación podría tener un giro rotundo y los tiempos se acelerarían. Sin embargo, son cautos y están desbordados de documentación con la causa “Revelación”, que tiene hasta el momento a más de 25 imputados entre ex funcionarios y empresarios de la construcción, como los comodorenses Esteban Torraca y Federico Piccione.