El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, por lo que la nueva normativa ya se encuentra vigente en todo el país.
La promulgación quedó oficializada este lunes mediante el Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
La iniciativa había sido aprobada por el Senado con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, tras un intenso debate político y social sobre la responsabilidad penal de los menores de edad.
Con la nueva legislación, los adolescentes de entre 14 y 16 años podrán ser imputados penalmente en casos de delitos, dentro de un régimen específico que contempla tanto sanciones como medidas alternativas al encarcelamiento.
Entre las herramientas previstas por la ley se incluyen amonestaciones, prestación de servicios comunitarios, prohibición de salir del país, monitoreo electrónico y otras medidas socioeducativas, especialmente en casos de delitos con penas menores.
La normativa establece además que la privación de la libertad debe ser el último recurso, aplicarse por el tiempo más breve posible y siempre en espacios especialmente acondicionados para menores, con personal capacitado para su tratamiento. Asimismo, queda prohibido alojar a adolescentes detenidos junto a personas adultas.
Otro de los puntos centrales de la ley es que no podrán aplicarse penas perpetuas ni condenas de carácter indefinido a menores de edad, ni tampoco se generarán antecedentes penales permanentes.
El nuevo régimen penal juvenil vuelve a poner en el centro del debate público la relación entre seguridad, justicia y políticas sociales dirigidas a la adolescencia, en un contexto marcado por discusiones sobre prevención del delito y responsabilidad penal en edades tempranas.