El diputado nacional Juan Pablo Luque presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para conocer cómo se está aplicando actualmente el régimen de Zona Fría en las facturas de gas y, particularmente, por qué el descuento del 50% no alcanza al componente de transporte de la tarifa.
El proyecto plantea que la Ley 27.637 establece que el beneficio de Zona Fría equivale al 50% de los cuadros tarifarios plenos fijados por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), sin distinguir entre componentes. Sin embargo, según los cuadros tarifarios vigentes, el descuento se aplica sobre el precio del gas y el gas retenido, pero no sobre el transporte.
El valor de ese rubro en la subzona Chubut Sur aparece idéntico en la tarifa plena y en la tarifa con beneficio de Zona Fría.
"Decir que el descuento del 50% de Zona Fría está vigente y al mismo tiempo reducir la base sobre la cual se calcula es querer tomarles el pelo a los chubutenses", señaló Luque.
El legislador pidió al Gobierno que informe cuál es la norma que sustenta la exclusión del transporte y cómo se compatibiliza esa decisión administrativa con lo que establece la Ley.
El planteo adquiere especial relevancia para la provincia. Según la documentación incorporada al pedido, el costo de transporte vigente para Chubut Sur asciende a $50,74 por metro cúbico, frente a $16,59 en Santa Cruz Sur, $8,33 en Tierra del Fuego y $7,44 en Neuquén.
El componente que queda fuera del descuento de Zona Fría es la zona sur de Chubut, el más alto de todas las subzonas del sistema.
Para Luque, la situación debe leerse en el contexto de una estructura tarifaria que ya genera un fuerte impacto sobre los usuarios de la región. "No puede ser que una provincia productora de gas termine pagando el costo de transporte más caro del país", planteó, y pidió explicaciones sobre la metodología utilizada para determinar ese valor.
"En la Patagonia necesitamos que el régimen de Zona Fría se mantenga y que se respete su sentido: aliviar el costo de un servicio indispensable en una región donde el clima obliga a un mayor consumo. Si se mantiene el porcentaje pero se achica la base de cálculo, tenemos derecho a saber por qué y quién tomó esa decisión", concluyó.